"Marco Rubio es el secretario de Estado más poderoso en años, controla la diplomacia, funge como consejero de Seguridad de la Casa Blanca, ejerce los recursos de cooperación del USAID y hasta le ganó la batalla a (Elon) Musk, que está prácticamente afuera". Este fue el diagnóstico que escucharon los senadores mexicanos que viajaron a Washington este martes para buscar eludir el impuesto a las remesas que se discute en el Capitolio. El mensaje provenía de un diplomático de larga trayectoria en la capital estadounidense.

La observación además llegó con buena temporalidad: el lunes, en un foro empresarial en Qatar, el dueño de Tesla dijo que el año pasado gastó 288 millones de dólares en campañas republicanas en Estados Unidos y que ya invirtió demasiado esfuerzo en la política.

El alejamiento de Musk coincide con la centralidad del secretario de Estado quien intercambió identidad por poder: muy poco tiene que ver esta faceta de Rubio con su trayectoria como senador, donde era un frecuente defensor de Ucrania e Israel a la vez que atacaba a Rusia, Venezuela y Cuba. De hecho, ayer mientras Rubio era interpelado en el Capitolio, Trump estuvo dos horas al teléfono con Vladimir Putin. El día anterior había extendido la licencia de Chevron en Venezuela, una pieza angular de la economía del régimen de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado, en la cima de su influencia, esgrime, según pudo conocer esta redacción, una política transaccional hacia el Gobierno de Claudia Sheinbaum: promete ser un aliado para sostener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pide, a cambio, un esfuerzo del Estado mexicano para reducir la presencia de los cárteles de la droga y atacar los nexos de dirigentes políticos con el crimen organizado.

Rubio suscribe la tesis de Trump de que la guerra contra el narco es una guerra que Estados Unidos, a diferencia de las que acontecen en otras latitudes, está en condiciones de ganar. La diferencia con el presidente es que el exsenador de la Florida no termina de convencerse de impulsar una operación militar abierta en territorio mexicano. Rubio sustenta la idea de la cooperación y en su entorno señalan, en esa dirección, el ingreso permanente de agentes y militares estadounidenses a México para diversas tareas con la Secretaría de la Defensa, todas incursiones que fueron avaladas por el Senado de la República a cargo de Adán Augusto López Hernández.

El cálculo en la diplomacia mexicana es que, llegado el caso, Rubio muestre una mayor sintonía con el ánimo injerencista de Trump, algo más acorde a lo que ha escrito el director de Planificación Política del Departamento de Estado, Michael Anton, uno de los grandes ideólogos de la política exterior de Trump. Anton, debe decirse, está convencido de una mayor intervención militar en México.

Deliberaciones y cálculos que ahora tienen el agregado de un crimen político en la Ciudad de México, el corazón del morenismo. No es menor que Rubio haya hablado del tema ante legisladores y prometido una visita para "avanzar en acuerdos". La violencia política es el combustible para aquellos discursos que, desde Washington, reclaman un mayor involucramiento al sur de la frontera.

Rubio entiende, gracias a sus conversaciones con políticos mexicanos, que una parte del oficialismo tiene fuertes conflictos con la estrategia de seguridad que impulsa Claudia Sheinbaum a través de Omar García Harfuch. De hecho, la presión ejercida a través de la quita de visados va en la dirección de atenuar esos focos de resistencia que obedecen a un ADN obradorista de alta intransigencia y poca afinidad con los criterios elementales del Estado de Derecho. 

El desafío terrenal para esta visión es que dar marcha atrás con los "abrazos no balazos" encierra una bifurcación que deja al Gobierno mexicano en el peor de los mundos, entre la guerra que Trump quiere ganar y la ofensiva del crimen organizado contra la política, especialmente cuando se asume acorralado.