El camino de la vicepresidente Kamala Harris para conseguir la nominación demócrata se inició esta semana, concretamente el martes en Wilmington, en el estado de Delaware, donde comenzó a esbozar el que será su discurso de campaña: orden, economía y derechos. Todo ocurría bajo la supervisión del asesor David Plouffe, que trabajó en las campañas de Barack Obama quien a su vez ya suscribió la candidatura de Harris.

Ese discurso incipiente del orden que apareció en Delaware se aceleró ayer jueves en un aeropuerto privado de Texas donde Ismael " El Mayo" Zambada fue arrestado por agentes de la DEA y el FBI. Un triunfo rutilante para una burocracia del mundo de la seguridad y la inteligencia que Donald Trump desprecia, a quienes acusa tanto de investigarlo como de iniciar guerras costosas.

Con colaboración del gobierno mexicano o con omisión, con acuerdo o sin acuerdo, la Casa Blanca se anotó un éxito y extendió la centralidad de los demócratas en la agenda.

Joe Biden vuelve a revelarse, una vez más, como un presidente del sistema, un político que llegó como senador a Washington en 1972, cuando todo el esquema de poder comenzaba a trastabillar por el escándalo del Watergate y el desastre de Vietnam.

En sus cuatro años en la Casa Blanca el empresariado cerró filas ante sus planes de reactivación económica (Pfizer anunció la vacuna contra el Covid a las pocas horas de su triunfo frente a Trump), alineó a los sindicatos más decisivos, lanzó a EU a la carrera por los semiconductores, atrajo hacia el partido a las principales estrellas del entretenimiento y ahora el denominado "Deep state" le aseguró un lugar de privilegio en la historia de la llamada guerra contra las drogas.

Siempre hay matices. El mismo sistema que tuvo en Biden un aliado permanente fue, en parte, el que lo bajó de su reelección el domingo pasado así como ya había sucedido en dos ocasiones: en 2008 tuvo que aceptar ser vice de Obama y en 2015 tuvo que ceder su ambición a Hillary Clinton.

Como desliza el embajador Ken Salazar desde anoche: el arresto de Zambada es la oportunidad de los demócratas de instalar la idea de que Trump es un criminal condenado y que será flexible ante el crimen. Harris, en cambio, es una exfiscal que viene a ratificar el estado de derecho y la ley.

El candidato republicano de momento guarda silencio y en parte contribuye a ese cálculo de sus adversarios. Este viernes eludió el tema de la captura de Zambada y se reunió en Miami con el premier israelí Benjamín Netanyahu. Luego se fue a una serie de actividades proselitistas.

La administración Biden, que hace una semana vivía sus horas más bajas, ahora logra un momentum que podría tener su continuidad este domingo si Venezuela, país aliado de China y Rusia en la región, iniciara su transición democrática y las urnas decretaran el final del chavismo.

Es un escenario muy complejo, atravesado por diversos intereses, pero que, en definitiva, tiene su vinculación con lo que sucede por estas horas: en el Departamento de Estado creen que en Venezuela hay una conjunción entre los militares y el narcotráfico y que el país sudamericano es una base de operaciones que ha sido funcional a ciertos intereses del Cártel de Sinaloa. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Biden, se lo ha detallado a varios funcionarios mexicanos.

Por eso no sorprende demasiado que, en las conversaciones que en las últimas horas tuvo el hombre de la Casa Blanca para América Latina, Daniel Erikson, con diversos diplomáticos de la región, se menciona, sin demasiados matices, que para Washington no transita un esquema de impunidad a cambio de democracia, como dicen en la oposición venezolana y en algunos medios de comunicación. Si hay una amnistía deberá ser una decisión interna, pero sin alcance en los tribunales de Norteamérica. Washington no tiene intención de acordar con Maduro, menos con una transición tan extensa ya que el nuevo presidente asumiría en enero.

Bajo esta lógica, Estados Unidos no declinará en su persecución de los principales cuadros del chavismo, algo que por estas horas en Washington recomienda Elliot Abrams, que fuera el emisario para Venezuela durante la administración de Trump. Un atajo directo para que los demócratas vuelvan a marcar que los interesados en imponer la ley son ellos y no Trump.