Durante todo el fin de semana la pregunta que dominó diversas conversaciones al interior del gabinete tiene que ver con entender si el quite de la visa estadounidense a Andrés López Beltrán es el inicio de nuevas arremetidas o, por el contrario, se trata del máximo grado de intensidad que Donald Trump está dispuesto a aplicar en México.

En la oficina de Marcelo Ebrard, donde ha crecido la animosidad hacia Washington por ciertos vericuetos del T-MEC, aportan una lectura hacia el futuro: "el mensaje es claro, si le quitaron la visa a Andy, se la pueden quitar a cualquiera".

En el entorno presidencial, donde rechazan cualquier aspiración del hijo del expresidente hacia 2030, la percepción es que, si Trump escala su ofensiva contra el obradorismo, la consecuencia será una mayor radicalización del movimiento, lo cual, terminará por ser funcional a Palenque.

Este mismo cálculo asoma en las mesas de la oposición, concretamente en el PAN, donde temen que estar demasiado alineados con Estados Unidos, como es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, termine por generar un rechazo en las casillas el año que viene y, al mismo tiempo, una mayor cohesión del voto morenista.

López Beltrán tiene un entendimiento similar y allí estaría, según dicen sus allegados, la explicación de su carta contra la Casa Blanca: ganar centralidad en la 4T a partir de chocar con Estados Unidos y recuperar un predicamento que ha perdido fuerza por las derrotas en las elecciones que intentó operar.

De este modo, la relación con Washington comienza a ser el indicador de las aspiraciones sucesorias al interior del oficialismo. Los dos polos son diáfanos: mientras López Beltrán perdió la visa, Omar García Harfuch anunció su participación en un foro de la DEA en Argentina. Las posturas en la 4T comienzan a estar atadas al favor o el rechazo de la administración republicana. Un choque que, a su vez, va de la mano del futuro político de Trump, quien se someterá a elecciones en noviembre.

En el Departamento de Estado, mientas tanto, comienzan a calibrar el impacto que pueden lograr en el tablero político mexicano sin grandes esfuerzos: basta con cancelar visados para sacudir al oficialismo.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, es el implementador de un mecanismo que no es nuevo en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y que durante decadas fue una de las expresiones más claras de la injerencia por vías no militares: cancelar visados como un atajo directo para desprestigiar a figuras políticas e incidir en tableros electorales de otros países.

El boomerang es ineludible al interior del obradorismo: Landau terminó muy mal, en su incursión como embajador en la CDMX, con López Obrador. El arresto del general Salvador Cienfuegos en California, en octubre del 2020, detonó su vínculo con Palacio.

Los efectos colaterales de las decisiones del ahora subsecretario alcanzan diversos planos. Uno de ellos es Sinaloa, donde Rubén Rocha comienza a asumir que no podrá regresar a la gubernatura y que su mejor escenario sería el de definir la candidatura de Morena en 2027. Pregunta ineludible: ¿Cuál será el margen ante Estados Unidos para permitir esa concesión?

Es un interrogante que, desde este lunes, adquiere nuevas aristas si se considera que el exsecretario de Seguridad estatal, el general Gerardo Mérida, habría alcanzado un acuerdo con la autoridad al otro lado de la frontera.

Lo mismo sucede en Chihuahua, donde, desde hace dos semanas, la senadora Andrea Chávez luce más optimista porque, según dice, en Palacio le informaron que si gana la encuesta será la candidata. El problema allí no sería la legisladora y su prominencia en las encuestas sino su sociedad con Adán Augusto López Hernández, actor central de tramas explosivas en el sureste. 

El destino del oficialismo oscila, cada vez más, entre la necesidad de una sintonía práctica con Washington y la urgencia de una mayor consistencia al interior de un movimiento que debe competir en las urnas. Una alquimia delicada entre la gobernabilidad y la política electoral.