La reunión en Palacio Nacional entre Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dejó la percepción en el Gobierno de que será difícil separar la revisión del T-MEC -y cualquier asunto bilateral de peso- de la agenda de la Casa Blanca contra el narcotráfico.

Una impresión que se cristalizó, para colmo, en la semana en la cual el rumbo económico quedó bajo observación, producto de los estiletazos provenientes de las principales agencias calificadoras.

Mullin llegó a la CDMX con el mensaje de que en el plano comercial se puede negociar todo pero las cuestiones de seguridad son determinantes. Y que lo primero depende siempre de lo segundo.

En Palacio se conocía esta posición de antemano y por eso durante la semana se bajaron los decibeles de la defensa del exgobernador Ruben Rocha: en la conferencia matutina se habló de circulares rojas de interpol y horas antes de la reunión con Mullin se anunció una reforma para bloquear la llegada a cargos electivos de políticos con nexos inconfesables. Dos días más tarde, la Fiscalía General citó a Rocha, al senador Enrique Inzunza y al exalcalde de Culiacán Juan De Dios Gámez.

Ante la permanente urgencia de sostener un equilibrio entre Washington y Palenque, se avanzó en la citación a la gobernadora panista Maru Campos y se dijo que en la reforma electoral anti narcos también habrá un artículo referido a la injerencia extranjera en elecciones domésticas.

Pero la citación a la gobernadora de Chihuahua pudiera no ser solo un mensaje a las bases del oficialismo: en el entorno presidencial está creciendo la tentación de un choque más frontal contra Donald Trump. Y en ese plano, complicar a Campos contribuye a la estrategia.

En los últimos meses Sheinbaum recibió en dos ocasiones al senador colombiano de centro izquierda Iván Cepeda, quien lidera las preferencias de cara a la elección presidencial del domingo que viene en su país. El pasado lunes también estuvo en CDMX la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio.

En todos esos intercambios se reiteró la tesis de que confrontar con Estados Unidos fue el gran impulso que tuvo Gustavo Petro en el tramo final de su gestión y que ahora esto se traduce en la ventaja de Cepeda.

Acaso la cuestión más decisiva: cuando el oficialismo colombiano se vio bajo la amenaza de Donad Trump, sobretodo en términos militares, se disciplinó detrás de Petro y este no tuvo objeción para encumbrar al senador Cepeda como su sucesor.

Mientras Petro ha ordenado operativos contra grupos del narco en diversas latitudes del país sudamericano, su imagen se ha consolidado a partir de los choques discursivos contra Trump que lo recibió en la Casa Blanca y quien, por ahora, guarda silencio sobre el proceso electoral colombiano.

En Palacio tomaron nota de esa arista: la pelea contra Trump como vehículo para unificar al movimiento y mejorar en términos de percepción.

El Gobierno quiere cumplir con los reclamos de Estados Unidos y ratificar el T-MEC, que es la base de la economía. Pero no abandona la opción de una mayor confrontación hacia la Casa Blanca.

En el gabinete creen que la consecuencia de ese camino sería una potencial acción militar contra el narcotráfico en territorio mexicano.

"Cuando ataquen un narcolaboratorio los afectados no van a ser los capos de un grupo criminal, sino personas normales, muchas de ellas que trabajan bajo condiciones de extorsión o esclavitud, todas ellas precarizadas, lo mismo que las lanchas en el Caribe", susurran en el gabinete de seguridad para luego interpretar que ese tipo de acción afectaría la imagen de EU ante la población mexicana al mismo tiempo que potenciaría la de Sheinbaum y el discurso soberanista.

En esa misma sintonía, todos aquellos políticos de oposición allegados a EU serían señalados. Por eso el Gobierno sostiene la pelea judicial contra la gobernadora Campos, quien, tras una semana de entrevistas despertó entusiasmo en un espacio político que el oficialismo pretende ligar a los intereses de EU. El axioma es evidente: si cae la imagen de Trump en México, también debe caer la de la oposición.

Esta lectura está presente en el Departamento de Estado y por eso Marco Rubio no es partidario de una incursión militar unilateral. El secretario de Estado sostiene su apuesta en la potente maquinaria judicial de EU y en sus ramificaciones en el extranjero. En esta lógica, operar en Mexico solo tiene sentido para capturar a personas apuntadas en un expediente.

Rubio suele apelar al ejemplo venezolano, donde, entiende, sería imposible avanzar sobre los recursos estratégicos desde una sala del hotel Marriot de Caracas, como contó esta semana el periodista Tom Phillips en The Guardian, si, en la captura de Nicolás Maduro, hubieran muerto decenas de civiles.

El secretario de Estado, que comienza a delinear su aspiración presidencial, cultiva la retórica del "imperio de la ley". Una línea de acción que impacta en México, Cuba, Venezuela y, esta semana, también en España, con la acusación de la Audiencia Nacional contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias con el chavismo.

El periplo judicial de Zapatero no es ajeno a Palacio Nacional, especialmente entre aquellos funcionarios que conocen a fondo su papel como organizador en la última reunión de presidentes progresistas en Barcelona, el pasado abril.