Este fin de semana circuló un dato inquietante en el ámbito diplomático: las evidencias contra Rubén Rocha que la presidenta Claudia Sheinbaum reclama a Estados Unidos comenzarán a ventilarse tanto en la prensa estadounidense como en la mexicana.

Este es un paso más hacia la erosión de una relación bilateral que ya se encuentra en sintonía con el potencial cierre de consulados mexicanos -revelado esta semana por la cadena CBS-, así como con las nuevas acusaciones contra políticos oficialistas que estaría elaborando el Departamento de Justicia, a cargo del fiscal general interino, Todd Blanche.

Se trata de un ataque en el plano de la percepción y la imagen pública que ha acelerado las conversaciones más decisivas en Palacio Nacional. El resultado podría ser el anuncio, esta misma semana, de una nueva regulación sobre los medios de comunicación. La idea cobró fuerza hace unos días, cuando el Gobierno detectó el éxito de audiencia que tuvo la emisión de TV Azteca dedicada a la "narcopolítica", programa que superó el millón de espectadores.

Sin embargo, los principales inconvenientes en la relación con Estados Unidos no están en la prensa, sino en los tribunales. El pasado viernes, en diversas áreas del gabinete se mencionó con insistencia que el canciller Roberto Velasco debió rechazar, en primera instancia, el pedido de la fiscalía de Nueva York sobre Rocha, tal como consta en las leyes mexicanas.

En lugar de ello, aseguran, se dio curso al trámite legal involucrando a la Fiscalía General; a estas alturas, ya debería haberse designado a un juez que atendiera la situación del gobernador con licencia. Mientras algunos miran con recelo al canciller, otros funcionarios apuntan contra la flamante consejera jurídica, Luisa María Alcalde.

Más allá del reparto de culpas, a las tribulaciones de Rocha podría sumarse pronto otro frente proveniente de Sudamérica. En Buenos Aires permanece detenido el contralmirante Fernando Farías Laguna, pieza clave en la trama de "huachicol fiscal" que salpica a figuras de la administración pasada y de la actual.

Según deslizan en el gobierno de Javier Milei, el oficial de la Marina no será entregado a México, sino a Estados Unidos, con el fin de convertirlo en testigo colaborador y, desde ese momento, en un nuevo ariete contra el gobierno de Morena. El arresto del contralmirante tiene rasgos que refuerzan la tesis de la premeditación: ingresó a Argentina con un pasaporte guatemalteco a todas luces sospechoso y concretó su entrega en una cafetería de Palermo tras realizar actividad deportiva.

Aunque la detención fue ejecutada por la policía local, en la Casa Rosada admiten la participación de agencias de seguridad estadounidenses.  Días antes del arresto de Farias Laguna, los jefes de la inteligencia argentina mantuvieron una reunión en Langley con el director de la CIA, John Ratcliffe.

En el gabinete de Sheinbaum domina la incógnita sobre el desenlace de las hostilidades con Estados Unidos , mientras que en el sector empresarial ya ensayan respuestas. El pasado miércoles, durante la reunión del Council of the Americas en el hotel Sofitel, en algunos pasillos aledaños al encuentro, se mencionó la posibilidad de que Morena sea declarada como una organización terrorista, lo cual marcaría un punto de no retorno.

Esa misma hipótesis resonó horas más tarde en Polanco, durante la reunión de consejeros de BBVA. Allí, un prominente abogado fue gráfico sobre los argumentos que podría utilizar Washington: la Fiscalía General mexicana cita a declarar a decenas de agentes implicados en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, mientras, en paralelo, el Gobierno clama por pruebas contra Rocha.

Un razonamiento presente en Washington, especialmente en las cercanías de Stephen Miller, consejero de Trump y, de acuerdo con el entendimiento de Marcelo Ebrard, muy interesado en que no haya revisión del T-MEC para mediados de año.

La preocupación de los empresarios crece además porque la presidenta no muestra señales de querer entenderse con Donald Trump; por el contrario, ha elevado la retórica nacionalista. En la reunión de BBVA se comentó incluso que desde la cúpula se recomendó a una cámara empresarial evitar cualquier expresión pública sobre el caso Rocha, recordando que, tras los últimos cambios constitucionales, la traición a la patria es un delito que conlleva prisión. Es apenas una muestra del aire que hoy se respira en el Gobierno.