¿Por qué las remesas mexicanas casi se duplicaron, de 37 mil 250 millones de dólares en 2019 a 64 mil 002 millones en los últimos doce meses? La narrativa oficial celebra el esfuerzo heroico de los migrantes -lo cual es cierto-; sin embargo, se suma la hipótesis de que la política de "abrazos, no balazos" instaurada por el régimen de Andrés Manuel López Obrador también relajó los controles para detectar dinero del narcotráfico en las remesas.

El crecimiento exponencial, que, si bien tiene un componente inercial, coincide con una política de Estado que, por acción u omisión, toleró la expansión y sofisticación de los cárteles. "Los vamos a acusar con sus mamás y abuelos", decía desde el atril más poderoso del país el expresidente.

Ese río de dólares -mezcla de remesa sentimental y capital criminal- mantuvo a flote cientos de municipios y economías locales, y con ellas, el ánimo colectivo que sostuvo a la Cuarta Transformación en las urnas.

Ahora, en medio de una operación agresiva de Estados Unidos, donde la premisa follow the money desató una crisis en el andamiaje financiero doméstico tras acusaciones de lavado de dinero a distintas instituciones financieras, se suma un impuesto a las remesas que, previsiblemente, no hará más que incrementar la presión sobre un sistema ya de por sí frágil.

El periódico oficialista La Jornada plasmó con precisión el sentir de quien manda en Palacio Nacional: "Todo lo que hay que hacer -posible o imposible- para quedarse con el negocio del narcotráfico en México", se lee en su airada editorial.

Y es que la presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene razón en su molestia, pues ella y su equipo elaboran escenarios adversos ante las medidas de Estados Unidos sobre el flujo monetario. Menos dinero en el bolsillo de los mexicanos es la antesala de una sociedad enojada que, si culpa al gobierno, puede traducirse en descalabros electorales.

Eso explica el movimiento "audaz" del gobierno mexicano: frente al impuesto de 1 % aprobado por el Senado estadounidense sobre las remesas, la mandataria anunció que será su administración -es decir, los contribuyentes- quien absorba el costo de la medida unilateral de Donald Trump.

La decisión busca no afectar el estado de ánimo del "pueblo bueno" justo cuando el país, de acuerdo con datos de Hacienda, acumula una deuda pública récord de 17.5 billones de pesos, 94.3 % de lo programado para todo 2025. Si mañana se repartiera la cuenta, cada mexicano debería aportar unos 140 mil pesos.

De ahí brota la paradoja central: para contener el malestar que provocará la merma de dólares, el gobierno tendrá que recurrir a más deuda. Pero la deuda ya asfixia. Y, al mismo tiempo, el gravamen estadounidense restará parte de un flujo que lubricaba tanto la economía familiar como la política de subsidios que Morena convirtió en lealtad electoral. El riesgo de que esa lealtad se evapore es lo verdaderamente relevante.

El resultado es doblemente regresivo. Menos remesas significan menos consumo en los estados que dependen de ellas -Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca- justo cuando el fisco dispone de menor margen para sostener programas sociales. La ecuación que había funcionado: remesas + apoyos + tolerancia al narco = paz relativa y votos, podría empezar a descuadrarse.

El gobierno puede seguir prometiendo subsidios, pero el sobre amarillo que llega del norte se encogerá; y cada peso que Hacienda destine -con dinero público- a reembolsar dólares ajenos es un peso que no irá a salud, ª educación o seguridad, sectores que permanecen en crisis.

Cuando la gente descubra que paga doble veces -con impuestos y con un menor ingreso-, la gratitud comenzará a evaporarse. Y un electorado enojado es caldo de cultivo para el desencanto, la abstención o la búsqueda de alternativas electorales.

La Cuarta Transformación apostó a que la paz se alcanza y se compra más barato que la confrontación. Funcionó mientras hubo dólares y deuda disponible. El impuesto de Estados Unidos y la montaña de pasivos revelan el talón de Aquiles de esa apuesta: para sostener el ánimo social se requiere un flujo constante de recursos que ya no está garantizado.

¿Quién capitalizará ese enojo cuando los programas sociales y las remesas empiecen, al mismo tiempo, a rendir menos?