La Casa Blanca acaba de calificar como narcoterrorista a Nicolás Maduro, quien se ostenta como presidente de Venezuela, tras unas elecciones fraudulentas el año pasado, y a quien se identifica como líder del Cártel de los Soles. Nombrar la problemática permite dimensionarla y establecer parámetros para solución. En ese sentido, ¿en dónde está parado México y su vorágine de violencia que ha desdibujado la línea que diferenciaba al Estado del narcotráfico?

La pregunta parece necesaria en el actual contexto. Los aranceles que Estados Unidos está por imponer a México son el resultado de un examen que el gobierno de México reprobó. La evaluación se hizo sobre qué tanto Claudia Sheinbaum estaría dispuesta a hacer para borrar de la mente de Donald Trump la imagen de que en territorio mexicano el tráfico y distribución de droga se sustenta, no sólo por los capos y sus operadores, sino en una estructura política y empresarial.

A los ojos de Washington no se ha hecho nada. La imagen de un gobierno mexicano petrificado frente al narcotráfico prevalece y se consolida con una presidenta rogando por información a Estados Unidos en todas sus conferencias matutinas. ¿Cómo extrajeron al Mayo Zambada? ¿Por qué decenas de familiares de los Chapitos se entregaron? ¿Cuáles son los términos de los acuerdos entre las autoridades estadounidenses y los capos? ¿En dónde están las pruebas?

Desde hace semanas circula la lista de personajes mexicanos que presuntamente la administración Trump quiere acusar formalmente y someter a un proceso judicial. La postura de la presidenta mexicana ha dado tumbos de un lado a otro. Así como un día sale a defenderse desde Sinaloa, la cuna del narcotráfico a nivel mundial, acompañada de su impresentable gobernador, Rubén Rocha Moya, otro día señala que los canales de "coordinación" entre ambas naciones se mantienen vigentes y operando.

Lo que Estados Unidos conceptualiza y tipifica como narcoterrorismo, México lo sigue nombrando como "retos en materia de seguridad". El concepto se popularizó en la década de los 80´s con Colombia y su narcotraficante estrella Pablo Escobar, quien además de infundir terror durante más de dos décadas accedió al poder como diputado. Actualmente con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro el abordaje parece tener diferencias relevantes. Uno de los componentes clave es que el delito de narcoterrorismo se comete en contra de un Estado constituido por parte de organizaciones criminales.

Entonces, ¿Qué ocurre cuando un Estado constituido -como Venezuela- recurre deliberadamente al crimen organizado para producir, conspirar y traficar droga y con ello financiarse y conservar el poder? Estados Unidos lanza el mensaje de flexibilizar la interpretación y constituirse ellos como los afectados ante una deliberada inacción. A diferencia del Plan Colombia -con el que se buscaba acompañar y "ayudar" al gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico- el abordaje sobre Venezuela, hoy en día, tiene implícita una intervención completa. Bajo esa nueva premisa, ¿en dónde queda México?

La discusión académica y jurídica es vasta y pareciera que Washington está amplificando el concepto y su interpretación, al menos en el ámbito político y propagandístico. Hace dos meses el Departamento de Justicia estadounidense implementó el uso de ese cargo en contra de líderes del Cártel de Sinaloa con base en su Título 21, USC, Secs. 960a y 841. Y es que la diferencia entre narcotráfico, terrorismo y narcoterrorismo no es sólo semántica: es estratégica y obliga a redefinir toda la capacidad institucional para su combate.

Nombrar el fenómeno como narcoterrorismo significa aceptar que hay zonas en donde el Estado ha sido desplazado y las que la violencia dejó de ser una herramienta para proteger el negocio para convertirse en una forma para acceder al poder y a la representación popular y desde ahí operar.

Es decir, antes la pax narca se alcanzaba en ciertas regiones de México con gobernantes y representantes elegidos por las urnas que estaban obligados a establecer un acuerdo con los líderes criminales. La dinámica ha cambiado: ahora son los secuestradores, extorsionadores y traficantes, cansados de tener intermediarios se configuran como opciones en las urnas para después acceder al poder. El informe denominado "votar entre balas" retrata parte de esta nueva dinámica.

Tiene razón la presidenta Sheinbaum cuando habla de soberanía frente a la andanada de acciones agresivas que padece y seguirá padeciendo nuestro país frente a Estados Unidos. Sin embargo, son las autoridades, es el Estado mexicano -y quienes lo han representado- los culpables de haber colocado al país en una posición de indefensión. La soberanía se perdió cuando el Estado se replegó y olvidó su función primordial que es dotar de seguridad a sus gobernados y tener el monopolio de la fuerza.

La soberanía desapareció cuando la política de "abrazos no balazos" que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador priorizó, por encima de la ciudadanía, los derechos de los criminales generando una ingobernabilidad sin precedentes. Esa nueva filosofía permeó en la sociedad mexicana. La categoría de narcoterrorismo incomoda por una simple razón: obliga a repensar el tipo de Estado que hoy tenemos.

Ya no es suficiente hablar de crimen organizado o narcotráfico. La definición no explica lo que ocurre en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Morelos, Guanajuato, Sinaloa o Chiapas, en donde las estructuras del crimen se consolidan usurpando la representación al configurarse como parte del Estado para desde ahí infundir miedo entre la población y administrar negocios ilícitos.

Al narco ya no le basta con controlar territorios, rutas, sino también ha aprendido a gestionar legitimidad -con violencia- como gobernante y ocupando espacios en instituciones formales. El caso más reciente es el de Hernán Bermúdez, ex titular de Seguridad Pública en Tabasco. Sin embargo ahí están gobernadores, integrantes del gabinete, presidentes municipales y legisladores en activo que no solo están involucrados en el huachicol, extorsión y tráfico de drogas sino que son vistos como los jefes y los líderes del crimen organizado. La presidenta Sheinbaum exige pruebas. La pregunta natural es ¿está lista?

Apunte:

Una prueba del fracaso del Estado mexicano es el video en el que Irma Hernández -una mujer de 62 años y quien para tener dinero extra trabajaba de taxista- aparece rodeada de 10 sicarios con armas largas. La mujer jubilada de maestra está hincada con las manos atadas y advirtiendo a sus compañeros taxistas que "con la mafia veracruzana no se juega" haciendo referencia al pago por extorsión que deben entregar. Horas después apareció muerta. El golpe de realidad es brutal. Mientras tanto los propagandistas disfrazados de periodistas continúan hablando del gobierno "más humanista" y las políticas feministas.