México ha desarrollado una estrategia efectiva para debilitar los contrapesos institucionales sin necesidad de un golpe de Estado. Durante los últimos siete años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum ha logrado someter al Poder Judicial y se alistan para desmantelarlo formalmente apartir de una reforma que deriva en una elección popular de los jueces y Ministros de la Suprema Corte del país.

Ahora, en Washington, el Ejecutivo está replicando la misma fórmula, pero con un elemento adicional que la hace aún más peligrosa: la tecnología. La ofensiva contra la independencia judicial ya no depende solo de la presión política o legislativa, sino del control de la infraestructura digital del gobierno.

El desmantelamiento de los contrapesos en México ha seguido un patrón predecible. Primero, la narrativa del presidente colocó a la Corte Suprema como un enemigo del pueblo, presentando a los magistrados como una casta que protege intereses corruptos. Luego, cuando los fallos judiciales comenzaron a interferir con sus megaproyectos, el Ejecutivo simplemente decidió ignorarlos. El desacato a las sentencias se convirtió en una práctica común sin consecuencias reales, ya que el Congreso oficialista no estaba dispuesto a hacer cumplir la ley.

El último paso de esta estrategia está programado para junio, cuando el país celebrará elecciones para jueces. Bajo el argumento de democratizar la justicia, la administración en turno busca reemplazar a los magistrados actuales con figuras leales a su movimiento. No hace falta eliminar la Corte, solo asegurarse de que los nuevos jueces lleguen con la predisposición correcta. Los nuevos lacayos se alistan a simular un contrapeso.

Sobre el modelo, Washington parece haber tomado nota de la receta y añade un ingrediente tecnológico. La Casa Blanca ha entendido que este modelo es funcional y ha comenzado a adaptarlo a su propio contexto. Como en México, la primera fase ha sido la deslegitimación del Poder Judicial. Voces cercanas al presidente Donald Trump, como JD Vance y Elon Musk, han insinuado que los jueces no tienen autoridad para frenar la voluntad del Ejecutivo. Se ha instalado la idea de que los tribunales no representan los intereses de la nación, sino los de una élite desconectada de la realidad.

Pero la diferencia fundamental con el caso mexicano es que aquí es que el aparato estatal está siendo rediseñado desde dentro, utilizando herramientas digitales para asegurarse de que las decisiones judiciales sean, en la práctica, irrelevantes.

Desde su llegada al poder, la actual administración ha delegado gran parte de la infraestructura gubernamental a Musk a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ahora, la gestión de bases de datos y otras plataformas clave está en manos de un empresario que ha demostrado estar dispuesto a desafiar las órdenes judiciales. La mayoría del gobierno está pasando a controlarse y administrarse por el empresario de origen sudafricano que simuló un saludo Nazi en la toma de protesta del nuevo presidente.

Esto plantea un escenario nuevo. Si un tribunal dicta una resolución en contra del Ejecutivo, la implementación de esa orden ya no depende de los mecanismos tradicionales del Estado, sino de una estructura digital que ahora responde a una entidad privada. Cualquier fallo puede convertirse en un problema técnico, un error en el sistema, una demora inesperada.

La concentración de poder en torno a la figura de Musk no es un detalle menor. No solo se trata del hombre más rico del mundo tomando control de funciones esenciales del gobierno, sino de alguien cuya visión del Estado coincide con la de quienes ahora lo dirigen. La burocracia es vista como un obstáculo, la supervisión judicial como una molestia y los procesos democráticos como un lastre para la eficiencia.

A diferencia del caso mexicano, donde el Congreso fue la herramienta para subordinar a la Corte, en Washington la tecnología parece que será la herramienta clave. No es necesario desacatar un fallo judicial de manera abierta cuando se puede retrasar su aplicación indefinidamente. No hace falta desafiar directamente a los jueces cuando la infraestructura que sostiene sus decisiones está bajo el control de alguien que comparte la agenda del Ejecutivo.

Si este modelo se consolida, la independencia del Poder Judicial en Estados Unidos se convertirá en una formalidad sin impacto real. Los jueces podrán seguir emitiendo sentencias, pero su ejecución quedará supeditada a un aparato administrativo que ya no responde a los equilibrios de poder tradicionales.

El precedente de México ha demostrado que es posible neutralizar a los tribunales sin eliminarlos. La simulación es parte de la estrategia. Ahora, con el factor tecnológico en juego, la velocidad y eficacia de este proceso podrían superar cualquier expectativa.

La Corte Suprema aún tiene margen de acción. Puede seguir desafiando al Ejecutivo, dictando resoluciones que intenten contener los excesos del gobierno. Pero si la infraestructura encargada de hacer cumplir esas decisiones responde a intereses distintos, la pregunta ya no es si el Ejecutivo respetará la ley.

Las presiones en Estados Unidos incluyen la pregunta ¿quién votó por Elon Musk? Porque, sí bien la narrativa del poder absoluto para el ciudadano que es elegido por las masas, es anticuado e inservible para construcción de una democracia funcional, ese principio no parece estarse cumpliendo en Estados Unidos que se alista a entrar en una crisis constitucional... sin mayor preocupación.