El relevo de Cervantes en el CCE puede marcar un cambio de ritmo en la relación entre la IP y el gobierno.
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A reserva de que seas Carlos Slim o Germán Larrea, el resto de los empresarios mexicanos viven un periodo de incertidumbre. El brío con el que llegó Andrés Manuel López Obrador hace 7 años los dejó perplejos. Aun cuando tenían claro que menos institucionalidad es igual a mayor volatilidad y con ello caída en los negocios, se quedaron callados. "Era necesario tender un puente con el régimen" se defienden quienes hoy viven de rodillas.
Frente a sus narices pasó la eliminación de la mayoría de órganos autónomos y reguladores. La cooptación del INE y reformas en materia hacendaria orientadas a la sobrevigilancia consolidaron ese proceso. La premisa era que mientras no se metieran con ellos no habría problema. Montados en esa falacia, decidieron ser espectadores mientras los controles y mecanismos al poder se eliminaban. Los beneficiarios fueron los de siempre. La cúpula empresarial fue convencida por un par de billonarios de ser condescendientes con el régimen populista que rápidamente comenzó a endurecerse y avanzar rápidamente hacia el autoritarismo. Hoy el consenso, entre ellos mismos, es que se equivocaron.
Ahora, con el relevo de Francisco Cervantes en el Consejo Coordinador Empresarial -quien se reeligió gracias a una concesión/negociación con el gobierno- se espera un cambio de ritmo. Quienes están enterados del proceso sostienen que de confirmarse el arribo de José Medina Mora se sobreentiende que las diferentes cúpulas y organizaciones empresariales no buscan ser necesariamente opositoras a la Cuarta Transformación pero tampoco pretenden negociar desde una posición de sometimiento, como -dicen los críticos- ha venido ocurriendo.
El cambio de estafeta no podría llegar en momento más álgido: la renegociación del T-MEC, en la que Donald Trump con la investidura de presidente de Estados Unidos busca renegociar de manera agresiva los nuevos lineamientos que rigen el comercio de América del Norte, Canadá incluido. El contexto nacional que encuadra la revisión del tratado no podría ser más ominoso: un nuevo Poder Judicial que con jueces, ministros y magistrados emanados del voto que sirven y responden a los aplausos del "pueblo bueno" y, por ende, del régimen, olvidando su origen como contrapeso democrático.
¿Cuál será el rol que jugarán los empresarios? Si bien la ahora presidenta Claudia Sheinbaum entiende mejor que su antecesor que el crecimiento del país pasa irremediablemente por las condiciones bajo las cuales la iniciativa privada se desenvuelve, la mandataria no ha dado señales de constituirse como una jefa de Estado y se ha limitado a gobernar exclusivamente para sus militantes.
En ese sentido, la nueva definición en el Consejo Coordinador Empresarial se antoja como un punto de inflexión para un sector que podría comenzar a leer el país con otra lente. La transición hacia un liderazgo encabezado por José Medina Mora abriría un espacio para reorganizar prioridades, redefinir vínculos y diseñar una interlocución más sólida con un gobierno que avanza sobre un terreno movedizo que -ahora sin contrapesos y vigilancia ciudadana- busca salvaguardar su reputación a punta de propaganda vacía y polarización.
Para todos aquellos empresarios que no son Carlos Slim y Germán Larrea -a quienes llaman "los oligarcas de la 4T" porque les fascinan los líderes autoritarios que multiplican sus fortunas- el momento exige más que una renovación de cargos. El empresariado mexicano carga con el desafío de insertarse en un ecosistema que combina expectativas sociales que mejoren su calidad de vida, una élite gobernante con inclinación autoritaria y una potencia vecina que ajusta sus prioridades estratégicas con alevosía. ¿Lo lograrán? Bueno, ¿lo intentarán?
Por supuesto, todo lo anterior en un escenario más complejo. Ya no hay Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Reguladora de Energía; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Federal de Competencia Económica; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Fondo de Desastres Naturales; fideicomisos públicos de investigación científica, cultura y deporte.
Lo que sí hay es un Poder Judicial a modo, una Auditoría Superior de la Federación que por fuera -con despachos aliados- "negocia" la forma en que se "solventan" desfalcos multimillonarios. Un Instituto Nacional Electoral convertido en operador del régimen, un Congreso complaciente y cientos de casos de corrupción que demuestran la simbiosis entre crimen organizado y gobierno: huachicol como ejemplo.
Más allá de si llega José Medina Mora al CCE ¿Están listos los empresarios para tomar su lugar... o después de 7 años seguirán volteando hacia otro lado?
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