Las democracias rara vez colapsan con un estruendo. Se desmoronan en silencio y lentamente despojadas de sus mecanismos de control, infiltradas por operadores dispuestos a moldearlas hasta hacerlas irreconocibles. La transparencia en México no ha sido abolida técnicamente, sino reconvertida en un instrumento funcional al poder. Se presenta como apertura, pero en realidad es una administración estratégica de la información.

El gobierno será juez y parte, lo cual contradice los principios elementales de diseño institucional para poder salvaguardar el derecho de los ciudadanos a exigir cuentas a todo aquel ente, organismo o institución que reciba un peso de dinero público.

Lo que alguna vez fue un derecho efectivo alcanzado a través de una larga lucha ciudadana será transformado en una versión dosificada y controlada. Las solicitudes seguirán existiendo, sí, pero sus respuestas serán dosificadas a conveniencia. Las cifras oficiales se publicarán, pero sin posibilidad de contrastarlas con información independiente. Lo que está por ocurrir es la simulación de la transparencia como un derecho, aspecto que no sorprende después de ver cómo el oficialismo ha cooptado y distorsionado a los naturales contrapesos del Estado mexicano.

Y como en toda erosión institucional, esto no ocurrió de un día para otro. El debilitamiento del INAI fue una operación sostenida, facilitada tanto por la infiltración de operadores leales al gobierno como por la complacencia de quienes, aún sin formar parte de la maniobra, prefirieron no resistir.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum han perfeccionado un modelo de control institucional que no requiere disolver o eliminar por completo el andamiaje institucional para controlarlo. En lugar de ello, la estrategia ha sido poco a poco desgastarlos hasta vaciarlos de significado y peso frente a la opinión pública.

La Suprema Corte sigue existiendo, pero su independencia se ha erosionado con la llegada de ministras alineadas con el Ejecutivo a lo que se suma una reforma que resultará en la elección de jueces a modo. El Tribunal Electoral conserva su estructura, pero sus decisiones reflejan y se alinean con la lógica de Palacio Nacional en fallos determinantes. El INE aún opera, pero mantiene un Consejo General incrustado de leales tan pequeños e irrelevantes que no es necesario desintegrarlo para limitar el actuar del que supuestamente debería ser el árbitro electoral.

El INAI ha seguido el mismo patrón. Está a días de morir, pero sus últimos meses han sido patéticos en medio de la batalla interna celebrada entre sus Comisionados, lo cual no ha hecho sino abonar a la propaganda gubernamental de que es un estorbo cuando en estricto sentido la institución es funcional pero son quienes la integran quienes carecen de visión de Estado.

El proceso de su debilitamiento fue progresivo: primero se le infiltró con figuras afines, luego se le desacreditó públicamente y finalmente se reformó para que desaparezca aduciendo que sus funciones se mantendrán, con el pequeño detalle que hacía adelante, quienes eran observados y auditados por la ciudadanía serán los mismos que administren, respondan y dosifiquen la información.

Para entender mejor la trama, existen activistas, académicos e integrantes del propio Instituto que comienzan a señalar la falta de pericia de cada uno de los Comisionados que gracias a sus errores, arbitrariedades y corrupción se facilitó esta peligrosa transición que aquí en México y en cualquier parte del mundo sirve y beneficia únicamente a regímenes autoritarios.

Los moches, las faltas administrativas, el abuso de recursos públicos para giras nacionales e internacionales, la persecución de funcionarios para extender y cooptar oficinas, así como la visión personalista y autoritaria de algunos fueron minando al INAI. Incluso hay fuentes que aseguran que desde adentro un grupo de Comisionados operó para facilitar al oficialismo la cooptación.

El caso Femexfut y el ensayo de la transparencia administrada

La crisis en torno al INAI y la Femexfut no solo expone un posible conflicto de interés dentro del organismo, sino que también pone en evidencia la facilidad con la que una narrativa mediática puede ser utilizada para desviar la atención de decisiones clave.

El escándalo estalló el lunes 27 de enero, cuando un ejecutivo de la Femexfut denunció públicamente una supuesta extorsión por parte de dos funcionarios del INAI. El impacto fue inmediato: las acusaciones, a pesar de no haber sido formalmente notificadas a los implicados ni de permitirles una defensa legal, crecieron como un tsunami mediático, redirigiendo la conversación y desplazando un asunto de fondo mucho más delicado.

Lo llamativo no es solo la falta de sustento inmediato de la denuncia, sino su oportuno momento. Los supuestos hechos ocurrieron hace dos años, pero la denuncia se presentó justo antes de que el 29 de enero el INAI votara sobre la continuidad de sanciones contra la Femexfut por el manejo indebido de datos personales de los aficionados.

Más allá de la controversia, el contexto es aún más grave: se rompió el sigilo procesal. Se filtró el sentido de los votos antes de la sesión y, de acuerdo con integrantes del propio INAI, la comisionada Julieta del Río habría compartido su voto y el de Blanca Lilia Ibarra Cadena, lo que podría ser considerado un "vicio corruptor" del procedimiento.

La divulgación de estos votos no fue menor. El 29 de enero, el INAI debía decidir si los procedimientos contra la Femexfut avanzarían a la fase de sanción. La votación se perfilaba como un empate, lo que obligaría al presidente del instituto a ejercer su voto de calidad. Sin embargo, la crisis mediática desatada dos días antes alteró el curso de los acontecimientos.

En paralelo, la FIFA ha comenzado a investigar las posibles consecuencias de este caso, preocupada por la reputación de la sede mexicana para el Mundial 2026. Las irregularidades en el manejo de datos personales de los aficionados, acumuladas desde 2022, han sido motivo de sanciones millonarias impuestas por el INAI.

La Femexfut ya había sido multada con 23 millones de pesos, y debido a la reincidencia en 2023, se abrieron nuevos procedimientos en su contra. La votación del 29 de enero definía si estos procesos continuarían hacia la imposición de nuevas sanciones.

La secuencia de eventos sugiere una estrategia bien ejecutada: una denuncia tardía, una explosión mediática controlada y un proceso institucional comprometido. Con la votación ahora pospuesta, la pregunta no es solo qué decidirá el INAI el 26 de febrero, sino cuánto influirán en su resolución los actores que ya han demostrado poder inclinar la balanza.