El Consejo de la Judicatura Federal nació como escudo institucional: debía asegurar que la carrera judicial avanzara por mérito y blindar a juzgadores de influencias indebidas. Ese diseño hoy convive con prácticas que lo contaminan desde su interior. Las decisiones ya no parten del análisis objetivo, sino de pactos internos que buscan reconfigurar el poder teniendo como base -paradójicamente- el chantaje y la ilegalidad.

Una operación fraudulenta y estructurada está en marcha para prorrogar la permanencia de decenas de jueces y magistrados que concluyen su nombramiento en 2025. Diversas fuentes apuntan directamente a los consejeros Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez como la dupla que articula esta maniobra diseñada para extender las plazas hasta 2027. La mayoría de esos cargos fueron previamente evaluados por el Pleno: varios desfavorecidos y otros que ni siquiera se presentaron en la contienda. En lugar de acatar los resultados, se pretende burlar la ley y abrir espacios de "negociación".

De acuerdo con las fuentes consultadas, Molina convocó a reuniones privadas a jueces del ámbito laboral -su territorio de influencia- y les propuso respaldarlos a cambio de apoyo hacia lo que fue su fallida aspiración a la Suprema Corte. La ecuación fue clara: votos por prórrogas. El intento de aprobar este paquete el pasado 25 de junio fracasó por falta de mayoría calificada. La jugada se pospuso, pero no se canceló. La siguiente fecha clave: 6 de agosto.

El marco normativo es inequívoco. El décimo transitorio de la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024 exige puntualidad y renovación. Las plazas concluyen y su prolongación depende de evaluaciones públicas, no de acuerdos privados. Sin embargo, dentro del CJF se consolida una lógica en donde las reglas se adaptan si hay poder suficiente para sostenerlas. Se habla ya de listas con precio, respaldo político y ajustes de última hora.

El diseño institucional del Consejo está profundamente distorsionado. No es nuevo. La colonización institucional con personajes afines al régimen para socavar los contrapesos ha sido una estrategia exitosa de la autodenominada Cuarta Transformación que pone en entredicho la democracia. El órgano que debía proteger la autonomía judicial se ha convertido en espacio para el clientelismo.

Frente a esta erosión, el consejero Bernardo Bátiz Vázquez -próximo integrante del Tribunal de Disciplina Judicial- dijo en entrevista reciente que dicho tribunal comenzará funciones el 1 de septiembre con un mandato claro: resolver con base en pruebas, sin compadrazgos ni presiones políticas . Afirmó que el TDJ no funcionará como "Santa Inquisición" ni como guillotina; será autónomo, escuchará acusadores y acusados, y emitirá resoluciones objetivas y equilibradas.

Pero su discurso debe ser operativo y accionable. Cuando Bátiz afirma que el tribunal actuará con rigor y sin influencias, debe hacerlo desde su propia institución. El intento de extender plazas mediante acuerdos privados encaja claramente en el tipo de conducta que el TDJ está llamado a sancionar. Si Bátiz no actúa, legitimará la lógica que promete desmontar y enviará la señal de que la impunidad también se cultiva desde las instituciones que debían erradicarla.

El próximo 6 de agosto estará en juego la naturaleza del sistema judicial que se construye tras la reforma: un órgano autónomo y meritocrático o una fábrica de favores internos. Las palabras del consejero Bátiz sobre responsabilidad y equilibrio no pueden quedar en buenos deseos. Su primera gran actuación debe enfrentar el complot que despoja al Consejo de la Judicatura de todo sentido institucional y amenaza con establecer un precedente devastador.