El histórico semanario Proceso, fundado por Julio Scherer García, atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Hace varios meses que demora el pago de las quincenas a sus empleados y colaboradores, y analiza cada vez con más firmeza vender activos inmuebles para poder costear la crisis financiera.

Según pudo saber LPO, la gran incógnita es cómo achicar su planta de recursos humanos, pues la mayoría son empleados desde hace muchos años y con sueldos bien remunerados, al menos para el sector. Dicho de otro modo: no hay liquidez para pagar los costos laborales de este tipo de despidos.

En las últimas semanas, el consejo de administración analiza la venta de algunos activos inmuebles -se habla de una imprenta y de un edificio- para poder contar con recursos. No se sabe si esos recursos cubrirían los gastos corrientes o costearían los primeros despidos importantes del semanario.

En la redacción se habla con frecuencia de los motivos de esta crisis. Algunos aseguran que la transición a la vida digital nunca se concretó, pese a que el portal de Proceso tiene millones de visitas.

El problema, alegan otros, sería en todo caso comercial: la revista ya no se vende -todo el mundo consigue el PDF el sábado antes que circule la revista impresa- y ni siquiera con el precio de tapa se podría cubrir los costos laborales.

El problema político, sin embargo, es lo que más se comenta entre los periodistas de Proceso. Todos saben que la relación de Julio Scherer Ibarra fue siempre pésima con Jesús Ramírez, el vocero de AMLO. Un vínculo marcado por acusaciones y señalamientos de forma permanente. El semanario nunca fue beneficiario top de la publicidad oficial, como ocurre como La Jornada.

El vocero de AMLO, además, nunca creyó que la revista era independiente a los intereses del consejero jurídico, algo que -ahora afirma Ramírez- se confirmó con la declaración exclusiva de Scherer -y el testimonio de su director, Jorge Carrasco Araizaga- en la portada de la revista.