Como ya es costumbre, la mañanera de este martes evidenció una gran contradicción.  Y es que, mientras el Gobierno insiste en que los lineamientos no pretenden censurar, la presidenta y su consejera jurídica dedicaron buena parte de su defensa a señalar públicamente a un solo medio y a sus periodistas. 

Más que defender unos lineamientos, el Gobierno buscó construir la justificación política para imponerlos, a partir de un destinatario y protagonista: TV Azteca.  No es casualidad. La acusación, sin pruebas, de que un medio "miente" o hace "propaganda" deja de ser una simple descalificación cuando viene acompañada de una propuesta formal para ampliar las facultades del Estado sobre los medios de comunicación. 

Ese vínculo termina por confirmar que el verdadero debate ya no gira únicamente en torno a los derechos de las audiencias, sino también a los límites que debe tener el Estado frente a las libertades de expresión y de prensa, la libertad editorial y el periodismo crítico. 

Una cosa es que un gobierno responda y se defienda de las críticas. Otra muy distinta es señalar sistemáticamente a un medio desde el poder y justificar nuevas reglas para imponerlas al sector. 

El debate nunca ha sido si deben existir códigos de ética o defensores de las audiencias. La pregunta es hasta dónde pretende llegar el Estado cuando considera que un contenido es falso, descontextualizado o simplemente incómodo. 

Los derechos de las audiencias son fundamentales. Pero el primero de ellos es la libertad para decidir qué ver, qué escuchar y en quién confiar, sin que el gobierno pretenda convertirse en árbitro de la información ni de la verdad. Además, lo dicho estuvo plagado de omisiones. El Gobierno habló de códigos de ética, autorregulación y defensorías supuestamente independientes, reduciendo las sanciones a sólo tres supuestos. Pero nada dijo de las facultades que pretenden adjudicarle a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para intervenir sobre contenidos, controlar a las Personas Defensoras, obligar la autocensura e incluso sancionar económicamente a los medios críticos. 

Las libertades de expresión y de prensa no son concesiones del Estado ni beneficios otorgados por ningún gobierno. Son derechos fundamentales diseñados precisamente para permitir el escrutinio del poder, especialmente cuando éste busca limitar la crítica. 

La regulación de los medios siempre merece un debate serio y abierto, de cara a la sociedad. Más cuando quienes la impulsan mantienen un ataque sistemático contra periodistas y medios críticos. 

Tras lo visto ayer en la mañanera, vale la pena preguntarse si el gobierno realmente está fortaleciendo los derechos de las audiencias o si, en los hechos, busca ampliar su capacidad de intervenir y callar a los medios que dicen las verdades que les incomodan.  Hoy el destinatario es TV Azteca. Mañana puede ser cualquier otro medio o periodista que incomode al poder. Ese es el verdadero precedente que está en juego.