A fines del pasado mes de enero, el día 28, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una resolución que exige que las emisoras de valores en México presenten un Informe de Sostenibilidad anual, alineado con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Según la Ley del Mercado de Valores (LMV), una emisora es cualquier persona moral que realice una oferta pública de valores en el mercado mexicano. Las principales emisoras incluyen las Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Sociedades de Inversión que captan recursos del público para invertir, Entidades Financieras como bancos que emiten deuda, y Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI's).

Dicho informe debe incluir datos sobre riesgos y oportunidades de sostenibilidad que afecten flujos de efectivo, acceso a financiamiento y costo de capital, así como estrategias, métricas y aspectos de gobernanza relacionados con los criterios ambientales y sociales y de gobernanza (ESG).

Asimismo, las emisoras extranjeras podrán presentar informes conforme a sus normas de sostenibilidad, siempre que expliquen su equivalencia con las NIIF.

El calendario estipula que en 2025 las emisoras empezarán a recopilar información de sostenibilidad. En 2026 deberán presentar su primer informe, que para 2027 requerirá aseguramiento limitado por un auditor externo.

A partir del año 2028, este aseguramiento deberá ser razonable, aumentando la credibilidad de la información. Es decir, el informe se presentará junto con los estados financieros anuales, garantizando coherencia. Y para ciertos valores colocados mediante oferta restringida, la fecha límite será el 30 de junio de cada año.

Esta modificación puede, sin duda, transformar la transparencia y comparabilidad de la información ESG (Enviromental, Social and Governance) en el mercado mexicano, incrementando la confianza de los inversionistas mediante métricas estandarizadas que faciliten decisiones.

Con tales medidas se espera fomentar más inversiones sostenibles, dirigiendo flujos de capital hacia proyectos con impacto ambiental y social positivo, además de fortalecer la gestión de riesgos, permitiendo a las emisoras identificar oportunidades y amenazas en sostenibilidad.

Para cumplir con estas nuevas obligaciones, todas las emisoras deberán adaptar sus sistemas internos y mejorar su capacidad de reporteo ESG, incluyendo procesos de capacitación y consultoría especializada para asegurar el cumplimiento normativo y maximizar los beneficios.

La implementación de estas acciones también ayudará a las empresas a crear valor a largo plazo y a contribuir significativamente al desarrollo sostenible del país, algo fundamental ante un panorama empresarial que se enfrenta a la exigencia de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de inversores, reguladores y consumidores.