Hace tiempo que el crimen organizado impregnó al poder judicial; no es que se vaya a estrenar con Morena. Durante décadas, se coló en los ayuntamientos, en las alcaldías, entre los legisladores y las fuerzas del orden, del nivel más modesto al superior. La novedad es que los jueces y magistrados que logre infiltrar la delincuencia estarán amparados por la legitimidad que otorga el voto popular.

Morena tiene miedo, y con razón. De su mano llegarán algunos juzgadores coludidos con los malhechores. Confirmaremos, en breve, que el partido habrá incumplido su promesa de sanear al poder judicial. Seguirá manchado, pero de otra mugre.

Al partido oficial también le inquieta que los votos le falten. Sus dirigentes han dado instrucciones para que gobernadores, alcaldes, diputados, senadores y otros líderes en el terreno hagan lo que esté en sus manos, y hasta lo indecible, para arrastrar a los ciudadanos hasta las urnas. Se ha impuesto una meta muy ambiciosa: entre el 18 y el 20 por ciento de la lista nominal -casi 20 millones de votos-, constituirían un dato inobjetable de la salud del músculo y daría pie a impetuosos discursos sobre la justicia.

El Financial Times califica la elección de jueces como un "experimento kafkiano" 

Menos del 10 por ciento sería un fracaso para la máquina que Morena sostiene que es, aunque algunos datos en encuestas recientes apuntan en sentido contrario: al aparato le falta impulso.

La presidenta de la República ha ordenado que para la elección del poder judicial no se escatimen esfuerzos. La lideresa del partido guinda, Luisa María Alcalde, así se lo ha hecho saber al clan morenista. Una votación nutrida justificará la cruzada emprendida el sexenio anterior para purgar al viejo y engorroso poder judicial, una piedra grande en el zapato de Andrés Manuel López Obrador.

Cuartoscuro

Si una mayoría de los votos se inclina por los candidatos afines al partido en el poder, de acuerdo con los "acordeones" que han sido distribuidos sin rubor, qué mejor. Pero serán bienvenidos también los votos de los adversarios, anulistas u opositores. Votar en contra será convalidar el fraude, según la oposición. No votar puede ser también solo eso: abstenerse por pereza, ni siquiera por menosprecio. La no acción también puede carecer de significado.

Se ha empeñado el futuro de los líderes locales. Habrá porvenir para ellos de acuerdo con la cosecha de votos en sus respectivos territorios. Pero de alguna forma, Morena también se juega el mañana. Claudia Sheinbaum necesita un nuevo ímpetu que ya no le ofrece Trump y que le ha restado la CNTE.

Llegará el momento de pagar esa enorme deuda, y le corresponderá a Morena. La próxima injusticia, quizá más más indolente, más desigual, más sofocante, será fruto de su reforma. De SU reforma y de SUS candidatos.

Al margen de los millones de sufragios depositados el primero de junio, el fracaso del plan C se anticipa con cada candidato que no fue filtrado adecuadamente: por cada acosador, cada abusador y cada infractor habrá que señalar a Morena. El objetable trabajo de los comités de selección, con enorme ventaja del legislativo, ha dejado que compitan y se cuelen delincuentes.

Llegará el momento de pagar esa enorme deuda, y le corresponderá a Morena, toda: del venerado expresidente a la actual mandataria, y de ahí hacia abajo. La próxima injusticia, quizá más más indolente, más desigual, más sofocante, será fruto de su reforma. De SU reforma y de SUS candidatos.

El futuro del poder judicial en México es más delicado que nunca. La reforma judicial morenista ha abierto más espacios a la infiltración del crimen organizado. La presión por obtener votos a cualquier costo, y la elección de candidatos impresentables, son evidencia de la dudosa integridad del proceso electoral judicial en su conjunto y su resultado convertirá a Morena en rehén de sus propias ambiciones.