La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta hoy la paradoja de una mayoría que no le pertenece: es supuestamente la mujer más poderosa del país, respaldada por una potencia electoral inédita, pero ha comenzado su gestión atada a los caprichos de figuras que, en cualquier otra circunstancia, serían consideradas meros enanos políticos.

Como ha señalado con tino Salvador Camarena, el espejismo de la "presidencia imperial" se desvanece al cruzar el umbral de las cámaras. La científica que prometía racionalidad administrativa y rigor técnico opera en un mercado de abastos político donde el precio de cada reforma constitucional se paga en moneda de soberanía presidencial, entregando las llaves del palacio a oportunistas.

La reforma electoral que nadie pidió

La reforma al Poder Judicial ha terminado por desnudar esta fragilidad. Para demoler el último dique de contención constitucional y pavimentar el camino del "Plan C", Sheinbaum tuvo que hipotecar una parte sustancial de su autoridad ante el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Es una ironía que el régimen necesite de facciones minoritarias para desmantelar estructuras; el resultado ocurre bajo el dictado y el ritmo de aliados que olfatearon la urgencia del Ejecutivo. Su debilidad reside en el costo de usura que imponen los socios de la coalición.

Hacia el interior de este bloque, el equilibrio de fuerzas se ha convertido en un ejercicio de humillación para el morenismo. Es cómico observar cómo la presidencia cede parcelas enteras ante la voracidad del PVEM. El Verde, ese camaleón que ha sobrevivido a tres alternancias vendiendo su lealtad al mejor postor, se ha convertido en el dueño absoluto de la llave de los planes presidenciales. No estamos ante una alianza de ideales, sino ante un sistema de peaje donde cada voto se intercambia por delegaciones, candidaturas y el control de plazas territoriales. La mayoría calificada dejó de ser una gesta popular para convertirse en una mercancía rentada a plazos que se renueva bajo amenaza de parálisis legislativa.

El Plan B de la reforma electoral va al Congreso con topes al INE y a congresos locales

La relación con el Partido del Trabajo añade otra capa de sarcasmo al ejercicio del poder en este "segundo piso". Mientras Sheinbaum intenta proyectar una imagen de mando firme y autonomía, debe tolerar los desplantes de una dirigencia petista que, aun con una representatividad social en los huesos, se permite el lujo de chantajear al Ejecutivo. La gestión de estas cuotas de poder desgasta la figura presidencial de manera prematura; la presidenta se encuentra en la posición inverosímil de quien habita un palacio, pero debe pedir permiso a los porteros para abrir la puerta de su propia casa. Esta dependencia ha comenzado a erosionar la "mística" de la transformación, convirtiéndola en una contabilidad de favores y privilegios que los aliados cobran con un colmillo que la mandataria parece despreciar pero que acaba aceptando.

El futuro de esta coalición dependerá de cuánto más esté dispuesta a ceder la presidenta antes de que el costo de la lealtad de sus socios se vuelva prohibitivo para la viabilidad de su propia agenda. La disciplina que hoy simulan en el Congreso es una fachada que no sobrevivirá cuando los intereses choquen en los próximos procesos electorales, donde el Verde y el PT ya han dejado claro que no se conformarán con migajas. La consolidación de la hegemonía morenista requiere de una cohesión que hoy se parece más una operación mercantil que a un acuerdo político.

El futuro de esta coalición dependerá de cuánto más esté dispuesta a ceder la presidenta antes de que el costo de la lealtad de sus socios se vuelva prohibitivo para la viabilidad de su propia agenda.

En última instancia, el éxito del sexenio pasará por la habilidad de Sheinbaum para sacudirse el yugo de los pigmeos políticos que han logrado poner de rodillas a la supuesta todopoderosa presidenta. Estamos ante un sistema donde la oposición está muerta, pero donde el gobierno debe aceptar canibalizarse a sí mismo para seguir respirando.