La reciente ocurrencia de Mario Delgado de recortar de forma abrupta el calendario escolar ha dejado al descubierto uno de los problemas más preocupantes en el gobierno de Claudia Sheinbaum: la carencia de un gabinete autónomo, con capacidad de coordinación y de control de daños. A un año y medio de haber iniciado su administración, lo que debería ser una maquinaria aceitada se percibe, en cambio, como un conjunto de piezas revueltas que a menudo terminan por descoordinarse frente a la opinión pública. El episodio protagonizado por el secretario de Educación es sintomático no solo porque se contradijo públicamente con la presidenta, sino por la falta de consulta con actores clave, lo que evidenció un problema de articulación que parece crónico.

Éste último no es un caso aislado, pero la secuencia del anuncio sobre el fin anticipado de clases ilustra perfectamente la torpeza con la que algunas figuras del gabinete manejan temas sensibles. La cadena de eventos (Delgado anuncia la decisión como definitiva, Sheinbaum lo corrige horas después, el secretario insiste y finalmente recula) deja en claro que no hay una línea única de comunicación. Este desorden institucional deja a la presidenta descobijada, obligándola a asumir personalmente el costo de enmendar errores que, en una administración medianamente funcional, deberían ser absorbidos por secretarios o voceros capacitados. La pifia de Delgado reforzó la impresión de que el gabinete -a estas alturas- no tiene la autonomía necesaria para desactivar crisis; por el contrario, parece el generador de las mismas.

Esta dinámica marca una diferencia sustancial respecto al sexenio anterior. Andrés Manuel López Obrador se rodeó de operadores políticos con colmillo -Adán Augusto López, Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard-, figuras que funcionaban como pararrayos, negociaban conflictos e incluso absorbían costos antes de que estos llegaran al despacho presidencial. Pero Sheinbaum ha apostado por perfiles un poco más técnicos y/o leales, por lo que en su equipo todavía no destaca un solo equivalente de "gran operador" con interlocución propia. Esta carencia se ha notado también, por ejemplo, en el manejo de la CNTE, donde la respuesta gubernamental ha sido reactiva. Desde Gobernación, Educación y la propia Presidencia se han mandado señales contradictorias sobre temas críticos como las pensiones o la evaluación docente.

  Este desorden institucional deja a la presidenta descobijada, obligándola a asumir personalmente el costo de enmendar errores que, en una administración medianamente funcional, deberían ser absorbidos por secretarios o voceros capacitados 

Este problema trasciende las fronteras del gabinete y se extiende hasta la estructura de Morena. La presidenta se ve frecuentemente forzada a ordenar a gobernadores y legisladores que parecen no tener figuras de mando intermedio que los disciplinen. Esta falta de una red robusta de operadores políticos explica también las dificultades para consolidar nombramientos en posiciones clave. Ningún ejemplo tan claridoso de esta parálisis como el de la embajada en Estados Unidos.

Morena, en sus dos periodos presidenciales, ha mostrado limitaciones severas para llenar espacios clave con perfiles que combinen lealtad, experiencia y capacidad técnica.

Esta ausencia de cuadros propios y la reducción del círculo de confianza, que es incluso más estrecho que el de AMLO, ha centralizado la toma de decisiones. Sin perfiles con peso político propio, Sheinbaum concentra las decisiones -pequeñas o grandes- en su oficina.

En el caso del fin anticipado de las clases, la realidad terminó por imponerse y por poner a cada uno en su lugar: el gobierno tuvo que doblar las manos y cancelar el recorte del calendario escolar. La disciplina de los leales sirve de muy poco cuando la torpeza de un secretario obliga a la Presidenta a salir a barrer los vidrios rotos que sus propios funcionarios, por pura incompetencia, no saben ni recoger