La insistencia de Claudia Sheinbaum en colocar una reforma electoral en el centro de su agenda, incluso cuando carece de la mayoría calificada necesaria, ha desconcertado a propios y extraños. Para la oposición y buena parte de la comentocracia, se trata de una batalla estéril o, peor aún, de un distractor frente a una realidad marcada por la desaceleración económica y episodios de violencia de alto impacto que han deteriorado, otra vez, la percepción de seguridad.

Sin embargo, en la lógica del "segundo piso", parece que esto no es un error de cálculo ni un capricho, sino un movimiento para consolidar la cohesión interna. Sheinbaum le otorga más valor a la iniciativa que al resultado legislativo, como si fuera una forma de marcar su territorio. Quizá su obcecación con la reforma responde a una necesidad de preservar el relato obradorista. Porque Sheinbaum tiene la difícil tarea de resguardar la narrativa de transformación y, al mismo tiempo, marcar su propio sello.

Una reforma electoral ha sido una bandera histórica del obradorismo; impulsarla es una señal de continuidad para la base y como un mecanismo de cohesión interna frente a las tensiones y las disputas por posiciones que han surgido naturalmente con el cambio de estafeta. La presidenta envía un mensaje inequívoco: el proyecto no se limita a la gestión de los programas sociales, sino que busca rediseñar las reglas "del juego democrático" para garantizar la supervivencia del movimiento.

También hay oportunidad política: los gobiernos suelen quemar sus naves e intentar sus cambios estructurales al inicio del sexenio, cuando el capital político está en su máximo y la oposición aún se encuentra en un proceso de reacomodo y duelo tras la derrota. En este sentido, la proposición de la reforma le está permitiendo a la presidenta medir sus fuerzas en el Congreso, obligar a los opositores a definirse y, a quien corresponda, asumir costos por su negativa. Claudia Sheinbaum puede estar preparando las condiciones y el terreno para armar futuras mayorías. Tal vez su apuesta es más modesta; incluso, si su intento fracasa en las cámaras, considera que el éxito se obtiene en la arena pública al consolidar la idea de una "democratización" que sus opositores bloquean.

Que "nadie pidió esta reforma" es un reproche que apunta a la supuesta desconexión entre las prioridades de Palacio Nacional y la urgencias de la calle. Las reformas no surgen por aclamación popular, pero la jerarquía de los temas importa. A un contexto económico adverso, se agrega la detención de Nemesio Oseguera, El Mencho, de manera que el desplazamiento de la discusión hacia el árbitro electoral no podía leerse sino como un alejamiento de los problemas más apremiantes. Pero para un gobierno que se resiste a quedar a la defensiva, reforzar su agenda -por absurda que parezca- es una forma de mostrar capacidad de conducción y de cambiar una discusión que estaría dominada por la nota roja o los indicadores económicos negativos.

Cualquier modificación a las reglas electorales impulsada desde el poder despierta el sospechosismo. Sin un diagnóstico compartido o sin evidencia de fallas que la oposición acepte, el movimiento del gobierno se percibe como interés propio. El riesgo para el gobierno no es menor: puede reforzar la percepción de que sus prioridades frente a la seguridad han sido desplazadas.

El riesgo para el gobierno está en la percepción: mientras que para la mayoría de la población la prioridad absoluta es recuperar la sensación de seguridad y paz en sus comunidades, el Ejecutivo parece volcar su energía y capital político en una "democratización" institucional que el ciudadano difícilmente ve en riesgo o como una urgencia. Esta brecha entre la angustia de la calle y la agenda de Palacio Nacional puede pasar factura. La reforma de la presidenta puede acabar siendo recordada no como un avance democrático ni mucho menos, sino como una distracción costosa en medio de una nueva crisis de seguridad.