Los analistas tienen razón: la revisión anual del T-MEC es veneno para la inversión. Nadie instala una planta para dos años. Nadie compra maquinaria sin saber si las reglas del comercio con Estados Unidos -que acapara el 82 por ciento de nuestras exportaciones- seguirán vigentes el año que entra. Los números confirman el daño: la economía creció apenas (0.8 por ciento en 2025), la inversión privada cayó en el primer trimestre y los parques industriales del norte, que hace tres años no se daban abasto, hoy registran una vacancia cercana al 10 por ciento y rentas mucho más baratas. El nearshoring, aquella promesa, está en veremos.

Todo esto es cierto. Pero también es una verdad cómoda.

Cómoda porque permite atribuirle a Donald Trump un estancamiento que tiene causas fabricadas en nuestra propia casa. La incertidumbre que viene de Washington no la controlamos; la que producimos aquí, sí. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, en lugar de reducirla, la ha incitado.

El ejemplo mayor es la reforma judicial. Un inversionista puede tolerar los aranceles, un tipo de cambio volátil, hasta la revisión periódica y programada de un tratado. Lo que no aguanta es ignorar quién resolverá sus disputas. Desde 2025, los jueces en México se eligen por voto popular, en unos comicios sin participación y con listas de candidatos afines al oficialismo que circulan como guía. Un contrato vale lo que el tribunal que lo interpreta. Si ese tribunal debe su cargo a un voto organizado desde el poder, el contrato vale menos. No se puede leer de otra manera, y así lo hacen los despachos que asesoran a las empresas. Así lo advirtieron nuestros socios comerciales cuando la reforma se aprobó. La certeza jurídica es la condición para que alguien arriesgue su dinero en este país.

La lista no acaba ahí; sigue con la reforma electoral. El gobierno de Sheinbaum, el mismo que exige certidumbre a Washington, se propone rehacer las reglas de su democracia: manosear al árbitro, el financiamiento de los partidos, la representación en el Congreso. Puede discutirse cada uno de estos puntos por separado. Lo que no puede discutirse es el mensaje del conjunto: en México, las reglas del juego -judiciales, electorales, las que sean- duran lo que dura la voluntad de la mayoría en turno. Ningún Plan México compite contra esa señal.

 La respuesta ante un vecino que nos condena a una prueba anual sería compensar en lo que sí depende de nosotros. Si el entorno externo nos quita certeza, el interno debería sumarla al doble 

Marcelo Ebrard descartó que las revisiones anuales frenen la inversión y prometió un círculo virtuoso norteamericano. Pero el optimismo del secretario choca con los propios datos oficiales. La inversión pública, aunque creció, no alcanzó para compensar la fuga de la privada, el 86 por ciento del total.

La respuesta ante un vecino que nos condena a una prueba anual sería compensar en lo que sí depende de nosotros. Si el entorno externo nos quita certeza, el interno debería sumarla al doble: blindar la independencia de los tribunales que quedan, frenar los cambios de reglas a mitad del partido, dar al capital nacional antes que al extranjero, un montón de razones para quedarse. El gobierno ha hecho exactamente lo contrario. Pide confianza mientras desmonta lo que la produce.

El 20 de julio, México se sentará otra vez con Estados Unidos a discutir el futuro del tratado. Nuestros negociadores exigirán reglas claras y duraderas. Tienen razón en pedirlas, pero sería más fácil creerles si las aplicara en casa. Trump impuso la revisión anual, sí. Pero la desconfianza que espanta a la inversión no cruzó la frontera: nació aquí, se aprobó en el Congreso y se publicó en el Diario Oficial. La incertidumbre es nuestra.