El gobierno quiere "protegernos" de los medios. No los medios del gobierno; el gobierno de los medios. Ese es el espíritu de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta pública. Es el mundo al revés.

Los presentó Luisa María Alcalde a fines de julio en Palacio Nacional. Suenan inofensivos, casi virtuosos: cada concesionaria de radio y televisión deberá nombrar un defensor de audiencias, adoptar un código de ética y atender quejas. Si el quejoso no queda conforme, o si el medio ignora la recomendación, interviene el regulador. Y al final del camino, hay multas.

La presidenta jura que no hay censura ni la habrá. Que si hubieran querido censurar, ya lo hubieran hecho. No, pues gracias. Curiosa manera de tranquilizar. La frase confiesa más de lo que pretende negar: la libertad de expresión dejaría de ser un derecho y pasaría a ser un favor.

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Vamos a la letra chica. El artículo 12 del anteproyecto prohíbe difundir información "descontextualizada o falsa" o presentar hechos pasados como actuales. El artículo 8 va más lejos: las ideas y opiniones que se difundan deberán "fortalecer la vida democrática". ¿Quién decide qué está descontextualizado, qué es falso, qué idea fortalece la democracia y cuál la debilita? La autoridad. La misma que desde la mañanera dedica una sección a descalificar las notas que no le parecen. La misma que ya ensayó el oficio de verificadora. Esos ejercicios terminan con la verdad oficial arriba y el periodismo abajo. El mundo al revés.

No se trata solo de periodismo. Los lineamientos alcanzan toda la programación: noticiarios, opinión, entretenimiento. Un regulador con facultades para evaluar qué tan plural es la barra de un canal, qué tan fielmente retrata la diversidad nacional una telenovela. Es el tutor de los medios.

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, aseguró que los lineamientos no regulan contenidos ni programación. El texto dice otra cosa. Y hay un detalle que Merino mencionó de pasada: la CRT, el órgano que resolvería las quejas en última instancia, está integrada a su propia Agencia. Independencia operativa la llama, pero el árbitro es de casa.

En cualquier democracia que se respete, el periodismo pone límites al poder. Investiga, documenta y publica lo que el gobierno preferiría callar. Esa es su función: incomodar al que manda.

La palabra "autorregulación" es la coartada: el medio nombra a su defensor y redacta su código de ética. Pero si la resolución final corresponde a un órgano del gobierno con poder de sanción, eso no es autorregulación.

En cualquier democracia que se respete, el periodismo pone límites al poder. Investiga, documenta y publica lo que el gobierno preferiría callar. Esa es su función: incomodar al que manda. Cuando el esquema se voltea -y es el poder el que fija los límites del periodismo- no es el gobernante quien rinde cuentas ante el público. Es el medio quien rinde cuentas ante el gobernante. Todo en nombre de las audiencias. Como si las audiencias hubieran pedido tutela. Como si el ciudadano fuera incapaz de cambiar de estación, apagar el radio o contrastar versiones. Las audiencias no necesitan que Palacio Nacional les certifique la verdad. Necesitan más periodismo, no menos: más competencia, más investigación, más versiones encontradas para formarse un juicio propio. La pluralidad no se decreta. Se ejerce.

La censura moderna es de lineamientos, defensores, procedimientos y sanciones. Llega, sobre todo, con el temor instalado en cada redacción: mejor no publicar eso, no vaya a ser. A eso se le llama autocensura, y ningún reglamento la menciona. No hace falta. Es su producto natural.

El derecho de las audiencias existe. Es el derecho a un periodismo libre que vigile al poder. El mismo al que estos lineamientos ponen de cabeza.