El expresidente Felipe Calderón Hinojosa salió a defender a Ernesto Ruffo. El mismo Calderón que en el 2017 acusó a Ruffo de entregar Baja California a los Arellano Félix hoy le expresa su solidaridad "más allá de ofensas recibidas" y denuncia -con argumentos- justicia selectiva. Pero nueve años no borran esa clase de agravios. La defensa del origen, sí: derribada la estatua de la transición, los opositores no tienen dónde pararse.

Porque lo primero que revela la detención de Ruffo es que la defensa del origen común está logrando lo que la ideología no pudo. La oposición mexicana -fracturada, resentida, incapaz de acordar una candidatura o un programa- cierra filas en cuestión de horas cuando la Fiscalía General de la República toca a uno de los suyos. No es unidad; es instinto de supervivencia. Calderón y Ruffo no se reconciliaron: se reconocieron en la misma lista.

La cuestión no es por qué cayó Ruffo, sino por qué Sheinbaum está dispuesta a pagar el costo. Ella sabía perfectamente lo que sus adversarios le iban a exigir a cambio: si Ruffo, ¿por qué no Rubén Rocha Moya, señalado en el primer lugar de la lista del Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿Por qué no Marina del Pilar, con sus audios filtrados circulando la misma semana? ¿Por qué no Mario Delgado o Adán Augusto? La presidenta lo negó todo -"no hay justicia selectiva", dijo, y hasta recicló los tuits de Calderón de 2017 para exhibirlo-, pero el cálculo es transparente: deja ver que prefiere pagar el precio de la incongruencia a corto plazo con tal de asestar un golpe que desmoralice las banderas de la oposición antes de que arranque la gran batalla por 2027. Es una apuesta de destrucción mutua de la credibilidad: sí, mis gobernadores están bajo fuego, pero tus héroes históricos están en la cárcel. En esa operación, quien tiene 70 puntos de aprobación puede darse el lujo de perder algunos; quien no tiene nada, no puede perder a sus mitos.

 La presidenta prefiere pagar el precio de la incongruencia a corto plazo con tal de asestar un golpe que desmoralice las banderas de la oposición antes de que arranque la gran batalla por 2027. 

Ruffo no es cualquier panista. Es el mito fundacional de la alternancia: el hombre que en 1989 le arrebató al PRI la primera gubernatura en seis décadas y demostró que el sistema podía resquebrajarse. Tocarlo a él no es procesar a un exgobernador; es derribar una estatua. El oficialismo ya no persigue al neoliberalismo como abstracción ni se conforma con las figuras de los gobiernos previos a 2018 -Rosario, Lozoya, García Luna-. Está desmontando los símbolos sagrados de la transición democrática para construir una hegemonía sin deudas con ese pasado. Si la alternancia nació podrida -según la tesis implícita del obradorismo-, la historia empieza en 2018.

Si Ruffo delinquió, debe responder. Pero un Estado que aplica la ley a pedazos no imparte justicia: administra castigos. Y una detención ordenada, además, por una jueza de elección popular -la primera gran captura política del Poder Judicial que salió de las urnas diseñadas por Morena- confirma la sospecha que este gobierno prometió desmentir: que su nuevo aparato judicial nació con dueño.

La justicia selectiva no es un invento de este gobierno; lo nuevo es el alcance. Ya no basta con ganar el presente ni con reescribir el sexenio anterior: ahora se disputa el significado de 1989: si fue el nacimiento de la democracia o el de su podredumbre. Cuando un régimen empieza a tirar las estatuas del régimen que lo precedió, no está haciendo justicia. Está fundando la suya.