Las autoridades migratorias estadounidenses no dan explicaciones. Mucho menos en estos últimos tiempos, los de Donald Trump. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila -que quiso madrugar la crisis que provocaría la cancelación de su visa y la de su esposo, que trabaja para ella- asegura que no ha cometido ningún delito y que no conoce la causa por la que el gobierno de Estados Unidos determinó impedir su entrada a aquel país, donde nacieron sus hijos.

"Tengo la conciencia limpia", afirma, como si eso pudiera satisfacer a la opinión pública. Ignoro si el gobierno de Estados Unidos tiene, en efecto, "una razón". No la necesita. Se trata de un gobierno encabezado por un hombre caprichoso y arbitrario.

Sus compañeros morenistas se han apresurado a defender a la gobernadora; señalan que el asunto tiene un origen administrativo, nada más, que carece de relación con investigación o delito alguno. Si tienen más información, que la compartan, porque hay sospechas fundadas de la colusión entre gobiernos de todos los colores y el narco que atraviesan los miles de kilómetros de nuestras fronteras. El primero en acusar a Marina del Pilar fue el efímero y polémico gobernador que la antecedió, Jaime Bonilla, desde la tribuna del Senado, que imputó al gobierno del estado de sociedad con los cárteles.

El del alcalde morenista de Matamoros, Alberto Granados Favila, había sido retenido más de medio día en la garita de Brownsville, donde se le informó de la cancelación de su visado y fue interrogado de manera exhaustiva.

Este no será el último episodio de la serie de controversias que protagonizarán México y su vecino del norte, pero no son muchos los incidentes como éste. Uno de los más ruidosos fue el de febrero de 2009, cuando la prensa mexicana dio cuenta de que Jorge Hank Rhon tenía prohibido ingresar en territorio estadounidense desde comienzos de ese año. Señalado por lavado de dinero, tráfico de especies exóticas y hasta de asesinato, un empleado de la garita Tijuana-San Isidro le quitó la visa por el "cúmulo de datos sospechosos" que arrastraba. El semanario Zeta averiguó la razón: presuntas conductas ilícitas cometidas por Hank Rohn, según reportes policiacos estadounidenses.

En su momento, humillado y enfurecido, dijo: "No me han probado nada". Otro evento, mucho más reciente, fue el del alcalde morenista de Matamoros, Alberto Granados Favila, retenido más de medio día en la garita de Brownsville, donde se le informó de la cancelación de su visado y fue interrogado de manera exhaustiva.

Un controvertido exalcalde y un alcalde en funciones. Ahora una gobernadora. El incidente no es cualquier cosa, como pretende la presidenta. Ya son varios los mandatarios y ex mandatarios morenistas a los que ha tenido que cobijar: Rubén Rocha Moya, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García. Marina del Pilar es la que sigue.

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"Estados Unidos tiene que informar al Gobierno de México", sostuvo la presidenta en la mañanera. Puede esperar sentada. Sigue esperando que Estados Unidos le informe sobre el secuestro de Zambada, por ejemplo. A su vez, Sheinbaum debe explicaciones: ¿Tienen estos hechos algo qué ver con las viejas denuncias de contrabando de autos, mercancías e hidrocarburos contra un agente aduanal que ha sido vinculado a Luis Torres, cuñado de la gobernadora, desde hace más de una década?

Marina del Pilar Ávila no es digna de confianza para Estados Unidos. ¿Es posible sostener a una gobernadora fronteriza que no puede cruzar la línea (así sea por una medida consular administrativa)?

La situación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila plantea serias interrogantes sobre la confianza y la estabilidad en la relación fronteriza entre México y Estados Unidos. Más allá de las explicaciones oficiales, o la falta de ellas, estos incidentes reflejan tensiones persistentes y sospechas arraigadas que amenazan la cooperación bilateral.