En el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión que resonaría en los cimientos de su administración: la militarización de las aduanas de México. La medida, que justificó con la convicción de que los civiles habían sido incapaces de frenar la corrupción, parecía un intento audaz de sanear un sistema corrupto. El mandatario declaró que era imposible que los administradores de los puertos ignoraran la situación y anunció una investigación exhaustiva por huachicoleo. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, fue designado para liderar esa misión. Lo que ocurrió después, se desvió dramáticamente de la promesa de limpieza. No se hizo cargo el secretario, sino sus sobrinos políticos, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Lo demás es historia.

"No me des, ponme donde hay", dice el dicho popularizado por Germán Valdéz 'Tin Tan'. Y en las aduanas hay, Y a mares. 

Así, la que fue institución modelo se vio rápidamente arrastrada a las profundidades de un infinito océano de corrupción. La realidad de la Marina resultó mucho muy turbia. El argumento de la impecabilidad de los uniformados llegó a su fin, como la credibilidad de la Marina, que enfrenta el peor escándalo en su historia.

La Marina está atrapada en un profundo pozo, resultado de una de las peores decisiones de la administración de AMLO, que tuvo un efecto contraproducente

 Lejos de erradicar la corrupción, el control militar sobre las aduanas las expuso a niveles aún más altos. Los especialistas lo habían advertido y el entonces presidente lo había ignorado. El riesgo se convirtió en realidad pura. Durante el reciente desfile militar, el secretario Raymundo Morales hizo un mea culpa: "Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo", afirmó el almirante, aludiendo a la existencia de la suciedad en sus filas. A pesar de su insistencia en que la corrupción no encontró "lugar ni abrigo" en la Marina, la admisión de su existencia es un primer paso. Habrá que ver si otras acciones siguen a las palabras porque la compleja red de corrupción entre la Marina, las aduanas y los empresarios apenas comienza a revelar sus hilos sueltos.

Casi a un año de su llegada al poder, Sheinbaum tendrá que modificar sus planes. El lema de construir el segundo piso de la 4T no puede basarse en los fundamentos ruinosos que dejó la corrupción obradorista. La presidenta no puede simplemente continuar la labor de su predecesor. Su tarea, una que no estaba en el guion, es limpiar una estela de corrupción indecible. La magnitud del robo de combustibles ha superado con creces cualquier escándalo del pasado priista o panista. Simplemente es imposible meter el polvo bajo la alfombra. 

Para Sheinbaum, es imperativo demostrar que su gobierno no será cómplice de estas prácticas y que tiene la voluntad de desmantelar estas redes

Además, el mar de corrupción en el que navega la marina refuerza las críticas a la política de militarización de funciones civiles. Las advertencias de expertos, que temían que las fuerzas armadas no eran inmunes a la corrupción, se han materializado. La Marina ha demostrado que, a pesar de su disciplina y estructura, la tentación de las exorbitantes ganancias es un poder corruptor que puede penetrar cualquier institución. Esto reabre el debate sobre la conveniencia de mantener al Ejército y a la Marina en tareas de seguridad pública y otras funciones que históricamente han sido responsabilidad de civiles. Quizá ahora es el momento de que la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, reflexione y comprenda que su responsabilidad es mucho más que continuar un legado; es reconstruir la confianza en el Estado.