La imagen se repite con una frecuencia dolorosa, esculpiendo en el imaginario nacional el rostro del desamparo: un marino abraza a una mujer para ayudarla a abrirse paso en medio del lodo que le llega casi hasta las rodillas; un hombre desolado, de pie sobre un frágil techo, espera que alguien lo salve. Una rescatista lleva en brazos a un gato empapado que sobrevivió de milagro. Una anciana y su nieto miran con tristeza una calle intransitable, cubierta de agua negra. Estas son postales brutales de un país que, ante la furia del agua, confronta periódicamente la fragilidad de su infraestructura y la insuficiencia de sus gobernantes.

"No los vamos a abandonar", les dice la presidenta Claudia Sheinbaum a los que ya lo perdieron todo. Pero la verdad cruda es que, para miles de damnificados, el abandono es el pan de cada día.

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha confirmado la muerte de 64 personas. Otras 65 no han sido localizadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Hay cien mil viviendas dañadas y miles de familias sin electricidad. Para cuando este texto sea publicado, las cifras serán, trágicamente, distintas. Lo que no cambia es la narrativa oficial: se preveían lluvias, sí, pero no de tal magnitud. La intensidad de las precipitaciones superó los pronósticos. Acto seguido, la promesa ritual: no se van a escamitar recursos para atender a las víctimas y las zonas devastadas. Poblaciones completas están hartas de escuchar estas frases, repetidas sexenio tras sexenio, como si la catástrofe fuera un evento imprevisible y no la consecuencia de décadas de descuido, negligencia y nula prevención.

La desesperación de la gente choca con el letargo de la política. Los gritos exasperaron a la Presidenta, que tuvo que pedir varias veces que la escucharan. Esta irritación no es solo por la tardanza de una despensa; es la manifestación de la desconfianza ante el Estado.

Es la frustración acumulada por la falta de obras que eviten el colapso y por el desvío sistemático de recursos públicos que acaban en bolsillos privados.

El enojo social frente a los gobernadores es manifiesto: los reclamos públicos, los abucheos y las exigencias de transparencia han tronado en varios estados. Las víctimas perciben, con razón, que la respuesta gubernamental llega tarde y de manera insuficiente. Los albergues y los víveres no alcanzan, la comunicación sobre sus muertos y desaparecidos es confusa y no se restablece el suministro de agua y luz. La frustración los supera. En condiciones así, ¿a dónde se voltea? ¿Hacia Nahle? ¿Hacia Armenta? ¿Menchaca?

La gobernadora de Veracruz fue abucheada frente a la presidenta. El gobierno estatal que encabeza no tiene el tamaño para lidiar con el desastre, y en este estado la irritación pública es más visible, apuntalada por la presión de estudiantes y la sociedad civil. En Hidalgo, los habitantes reprochan a funcionarios y legisladores su ausencia durante los días más críticos, una desconexión que subraya la frivolidad de la clase política frente a la tragedia. En Puebla, el enojo es más difuso, pero los caminos dañados y las necesidades de todo -agua, alimentos, luz, salud- agravan la percepción de indigencia.

La tragedia de las inundaciones no es solo meteorológica, es política. Es uno de nuestros fracasos recurrentes. En lugar de promesas de reconstrucción, la presidenta debería ofrecer la planeación necesaria del territorio. Mientras no sea así, la población seguirá quedando a merced del clima. Los gobernadores morenistas solo conocen el corto plazo. Fallar en la tarea de proteger y prever es, en los hechos, abandonar.