Hace algunas semanas, dos ministros de la Corte Suprema conversaron con su homólogo argentino Ricardo Lorenzetti. La excusa fue un foro por la independencia judicial que había organizado Norma Piña con jueces de la región para rechazar el Plan C que promueve Andrés Manuel López Obrador.

El contacto con Lorenzetti no es casual: como titular de la Corte argentina fue quien tumbó una reforma judicial que hace doce años impulsaba Cristina Kirchner y que también tenía como arista fundamental que los jueces fueran votados en las urnas. El momento histórico argentino era muy similar al México actual: un oficialismo de enorme poder y una vocación hegemónica que encontraba limites en sentencias y amparos.

En esos intercambios, según cuentan en la Corte, Lorenzetti señaló que los respaldos de la política, los empresarios y las embajadas son valiosos pero que la defensa central se organiza desde el interior del Poder Judicial. Una directriz que en las últimas horas toma sentido con el fallo de una jueza de Morelos que suspende la reforma a partir de un requerimiento esbozado por un grupo de jueces. La decisión implica, incluso, que la Cámara de Diputados no avance en la discusión.

El fallo de Morelos es un anticipo de lo que viene: una batería de pedidos de amparo que tendrán lugar una vez que San Lázaro apruebe la reforma y el trámite pase al Senado. Los ministros esperan entonces que la reforma se defina en el pleno de la Corte.

El derecho constitucional señala que la Corte no puede opinar sobre temas que son competencia del Tribunal Electoral, pero, como explican a esta redacción cerca de Piña, el máximo tribunal está facultado para entender si en los procesos que generaron la reforma existieron irregularidades. Un análisis detallado de las formas para, probablemente, fulminar el fondo.

El antecedente que da fuerza a esa opción es el caso Castañeda, que llegó incluso a instancias internaciones y tenía su foco en un debate sobre candidaturas independientes que impulsaba el excanciller de Vicente Fox de cara a las elecciones presidenciales del 2006, cuando el aspirante del panismo fue, finalmente, Felipe Calderón. En ese caso la Corte observó las formas y opinar a pesar de que era materia electoral. Si la Corte acepta discutir la reforma judicial, la decisión final pudiera tardar dos o tres años.

En el máximo tribunal se habla además de otros dos escenarios. Uno es el debate de las leyes reglamentarias de la reforma, donde diputados y senadores pudieran demorar en ponerse de acuerdo. En ese escenario, Claudia Sheinbaum matizaría la reforma para evitar que en el primer año de su gobierno la economía ingrese en zona de turbulencia. En esa posibilidad, habría varias renuncias en la Corte, pero la elección de los jueces no avanzaría.

La segunda posibilidad, también a partir de un debate legislativo que se extiende más de los esperado, sería que Sheinbaum controle la Corte y el Trife a partir de cubrir las vacantes y que con ese avance político las aristas más duras de la reforma se vuelvan innecesarias para el próximo gobierno. En diciembre la próxima presidente debería cubrir la vacante del ministro Luis María Aguilar y en la Sala Superior del Trife existen cinco vacantes.