La Corte Suprema decidió este jueves que no había razón para intervenir en un litigio que Femsa ganó al SAT, por un crédito fiscal de 2 mil 868 millones de pesos.

Si bien la resolución se entendió en el empresariado como un gesto en favor de la seguridad jurídica, también crecen los temores porque es probable que el año que viene la ministra Lenia Batres, que buscaba reabrir el caso, sea titular de la Corte.

En noviembre pasado, a petición de Batres, la Corte atrajo por seis votos contra tres un recurso de revisión fiscal del SAT, una semana después de que había rechazado la solicitud de un tribunal colegiado para atraer exactamente el mismo asunto.

Este jueves la Corte desechó el recurso del SAT porque Femsa ganó su juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Cabe recordar que el litigio de Femsa contra el SAT llegó a la Corte a insistencia de Lenia Batres, pasando por encima de la cosa juzgada, lo cual generó críticas no solo de la comunidad jurídica, sino también de inversionistas.

Al discutirse en el pleno de la Corte, ocho de los nueve ministros se pronunciaron porque el recurso de revisión fiscal intentado por la autoridad fiscal en contra de Femsa era notablemente improcedente, es decir, que no existía materia de impugnación.

Además, insistieron que incluso las reformas legales en materia de ese recurso no eran aplicables pues a ninguna ley puede darse efecto retroactivo en contra de los gobernados.

La única de las ministras que votó en contra fue Batres, quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su resistencia a hacer justicia en favor de las empresas mexicanas, alegando la necesidad de proteger el erario, aun en contra de los derechos fundamentales.

El caso de Femsa no constituye un episodio aislado. La ministra ha mantenido una postura consistente a favor de que la Corte conozca y resuelva litigios fiscales promovidos por el SAT contra grandes empresas, a pesar de no cumplirse con los requisitos que establecen las leyes, argumentando la necesidad de salvaguardar el erario, criterio que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la defensa de la hacienda pública y el respeto a principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley.