La ministra de la Corte Suprema Lenia Batres vive sus horas más bajas al interior del máximo tribunal. En las últimas sesiones del pleno ha expuesto una actitud más pasiva, silenciosa y por, momentos, lejana.

Y es que, su pelea con casi todos los ministros ya parece ser total. Desde el pasado lunes, según señalan a LPO, en diversos despachos de la Corte comenzó a circular información detallada sobre la cantidad de empleados que tiene Batres a su cargo.

Después del encontronazo que sostuvo con el resto de sus compañeras y compañeros durante la sesión del pleno de hace dos semanas, en la que nuevamente quedó evidenciada la falta de respaldo a sus argumentos jurídicos y la incapacidad para sostener la discusión sin llevarla al terreno de lo emocional, la propia Batres difundió en sus redes sociales el oficio enviado al Órgano de Administración Judicial mientras las y los ministros ya se encontraban en sesión, contrario a lo que ella afirmó en ese momento.

El documento confirma que su oficina tiene contratadas 95 personas, la cifra más alta del máximo tribunal. Además, la información pública disponible en la página de la Corte exhibe otra paradoja: pese a ser la ponencia con la estructura más grande, únicamente cuenta con un Secretario de Estudio y Cuenta, cuando son precisamente esas personas quienes realizan el trabajo sustantivo de las ponencias pues estudian los expedientes, investigan y elaboran los proyectos de sentencia. En contraste, las demás ponencias disponen de una plantilla más amplia de este perfil.

Contar con la plantilla más numerosa no solo implica un mayor gasto en salarios. También representa un incremento en los costos de operación que asume la institución con recursos públicos. Cada integrante requiere un espacio de trabajo, servicios de limpieza y mantenimiento, consumo de energía eléctrica, mobiliario, equipos de cómputo, impresoras, internet, telefonía, papelería y mantenimiento tecnológico.

A ello se suman los servicios institucionales a los que tiene acceso el personal, como comedores, espacios de estacionamiento y otros costos administrativos inherentes al funcionamiento de una oficina de ese tamaño.

En definitiva, la ponencia de Batres representa una carga presupuestal mayor que la del resto de las oficinas, una realidad que contrasta con el discurso de austeridad que la sostiene y con los resultados que muestra su equipo.