Ya tuvieron lugar los primeros intercambios entre algunos de los ministros de la nueva Corte Suprema - que entrará en funciones la semana que viene - y la embajada de Estados Unidos. En esos intercambios, según mencionan a esta redacción desde la calle Pino Suárez, los integrantes del máximo tribunal le aseguraron al embajador Ronald Johnson que habrá un férreo control de las excarcelaciones de aquellas personas que sean de interés para el país vecino.

Se trata de un primer movimiento del cuerpo que será presidido por Hugo Aguilar y que muestra, de inicio, una sintonía absoluta con la estrategia de seguridad que impulsa Omar García Harfuch y que es avalada por EU, tal como ayer lunes quedó en evidencia en la conferencia de la fiscal general Pam Bondi.

La nueva Corte tendrá especial cuidado no solo con figuras del crimen organizado, sino también con sus familiares y con aquellos actores del mundo empresarial allegados al narco.

La confrontación de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico es frontal y la Corte Suprema no será ajena a la dirección de Palacio. Es el concepto que algunos de los ministros le expresaron a Johnson para entablar un diálogo amistoso y evitar un escenario que sería nocivo: que en Estados Unidos se instale la idea de que la Corte mexicana es un territorio de impunidad.

Este acuerdo, de momento, le permite a Johnson contener el nerviosismo de ciertos sectores del empresariado que están convencidos de que en la nueva Corte será imposible ganarle un caso al Gobierno, especialmente al SAT o a la Sedena. "Lo central es la seguridad, las cuestiones empresariales o de negocios se irán viendo según sea el caso", aseguran cerca del embajador.

Esta dinámica es visible en el día a día de la relación bilateral, donde las cuestiones de seguridad están muy por encima de cualquier asunto de calidad institucional. No es una casualidad que el Departamento de Estado no critique la reforma electoral que promueve Morena y que impulsa Pablo Gómez, a quien desde Washington pidieron eyectar de la UIF.

La otra cuestión vital para EU es que sea, efectivamente, García Harfuch quien tenga la interlocución con los ministros del máximo tribunal. En este sentido, fue considerado un acierto la designación de Néstor Vargas como responsable de la administración y el presupuesto del máximo tribunal. Se trata de un abogado históricamente allegado a la presidenta y que tuvo el visto bueno del secretario de Seguridad.