Después de que el INE presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la primera parte de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, el Ministro Alberto Pérez Dayan admitió a trámite dicho recurso.

La queja del Instituto Nacional Electoral es contra las modificaciones a las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, bajo el argumento de que afectan su autonomía y la capacidad de ejercer sus funciones constitucionales.

"El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGCS y de la LGRA, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal", estableció el impartidor de justicia.

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Resulta importante resaltar que anteriormente, el propio Pérez Dayan aceptó seis acciones de este tipo por parte de la oposición y concedió una suspensión para que esas reformas no se apliquen en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.

"Además, que producen una violación directa a las funciones que, como órgano autónomo, le confiere el texto Constitucional, esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 Constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia", aseveró el ministro.