La ministra de la Corte Suprema, Loretta Ortiz, ha comenzado a recorrer el país para promover su proyecto de cara a la elección que definirá el futuro del máximo tribunal. Busca ser la más votada para acceder a la presidencia de la Corte.

Ortíz se ha presentado en diversos ámbitos académicos como una funcionaria de carrera judicial pero también pondera su trayectoria académica para inyectar confianza en un proceso que emergió con enormes polémicas como fue la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

En conversación La Política Online, Ortíz defiende la reforma y esgrime una serie de propuestas en materia de acceso a la justicia, modernización y el establecimiento de plazos para resolución de expedientes.

¿Es fácil pedir el voto de los ciudadanos para una elección que nació con tanto cuestionamiento?

Se trata de un proceso cuyo propósito es más que válido. Estamos hablando de una democratización de los nombramientos del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local. Las primeras razones por lo que veo bien este proceso, o la primera razón, es porque nos vuelve más cercanos y más mortales a los que estamos en el Poder Judicial. No estamos comprometidos con poderes fácticos, con los partidos. Es la ciudadanía la que va a elegirnos.

La elección nos vuelve más cercanos y más mortales a los que estamos en el Poder Judicial. No estamos comprometidos con poderes fácticos. Es la ciudadanía la que va a elegirnos.

A simple vista habrá tres candidatas a ministras que fueron designadas por el Gobierno anterior: usted, Lenia Batres y la ministra Yasmín Esquivel. ¿Cuál sería su propuesta para que la gente se incline más por usted que por otras opciones?

Yo vengo del mundo de la academia, soy investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, fui profesora y directora en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. También he estado impartiendo clases en otras instituciones. Mi carrera ha sido académica, docente. También tengo mi lado de experiencia en el lado jurisdiccional, porque fui consejera de la Judicatura Federal, ahora tres años de la ministra de la Corte, y ahora como presidenta de la Primera Sala. 

Tengo una combinación de conocimientos teóricos y jurídicos, además de prácticos, que me permiten ofrecerles garantías a la ciudadanía de que voy a poder desempeñar correctamente el cargo de ministra de la Suprema Corte.

LPO / Eder López.

Usted conoce a la Corte por dentro, ¿qué habría que mejorar o corregir?

Lo primero, por increíble que parezca, es que sea una justicia más accesible a las personas. En muchas ocasiones se resuelve conforme a legalidad y no de manera justa. Nosotros podemos hacerlo de manera justa en la mayoría de las circunstancias. O esa, debería ser nuestra función, porque interpretamos las normas. Si no fuera así daría lo mismo que fuera la inteligencia artificial la que resolviera, si nosotros no hacemos una labor de interpretación y aplicación justa de la norma.

Por otro lado, actualmente no hay plazos en la impartición de justicia. Hay procesos que han tardado 15 o 12 años y si no se resuelven. El problema está en la falta de justicia social, la falta de resolución de conflictos. Esto no nos permite tener paz porque el problema subsiste.

Muchas veces se resuelve conforme a legalidad pero no de manera justa. Y nosotros podemos hacerlo de manera justa. Es nuestra función, porque interpretamos las normas. Si no fuera así daría lo mismo que la inteligencia artificial resolviera.

Si el problema es familiar y no se resuelve, ahí va a subsistir. Si es un problema de la comunidad va a subsistir. Y si es nacional, también. La paz social sólo se puede alcanzar cuando se resuelven los conflictos, sea a nivel familiar, a nivel estado o a nivel país.

Conversando con académicos de derecho y especialistas en jurisprudencia, la reforma judicial genera fuerte rechazo. ¿Cómo convence a estos sectores de la sociedad que no están de acuerdo?

Desde hace 20 años existe un consenso de que la justicia mexicana tiene problemas de fondo. Lo que cambia es la postura y el nivel de reforma que cada espacio plantea.

Yo tengo muy claro que esta reforma no es un producto acabado o una varita mágica que va a llevar a la situación perfecta. Es un proceso que nos va a llevar años, como fue la instauración del proceso penal acusatorio en el caso del sistema oral, como es la reforma laboral o el nuevo código de procedimiento civil y familiar.

Este cambio nos va a llevar tiempo, las mejoras más visibles tampoco serán de corto plazo pero estoy convencida que en cuanto a modernización, acceso a la justicia y transparencia en los plazos vamos a comenzar a transitar un camino superador.

LPO / Eder López.

Hay una idea generalizada, principalmente en el sector empresarial, de que con la reforma judicial ya será imposible ganarle un juicio al Estado, a Pemex o a CFE.

Es errónea esta perspectiva, si no resolvemos conforme al estado de derecho, conforme a los tratados internacionales y la propia constitución, pues nos estaríamos dando un golpe en el pie. Tenemos que dar garantía a la inversión, no nada más a la internacional. 

Todos necesitamos una impartición de justicia que sea conforme a nuestro sistema jurídico, respetando todas las normas legales que tenemos. Y que eso garantice las inversiones que se hagan, extranjeros o nacionales. Yo les diría que tengan confianza que las resoluciones y sentencias no serán contrarias a derecho.

Es como si dijéramos que todas las resoluciones tomaron los otros ministros fueron por influencia de expresidentes, no sólo Andrés Manuel, sino Felipe Calderón, Enrique Peña, y eso no es así.

Este cambio nos va a llevar tiempo, las mejoras más visibles tampoco serán de corto plazo. Pero estoy convencida que en cuanto a modernización, acceso a la justicia y transparencia vamos a transitar un camino superador.

Ahora los empresarios tienen la garantía de que va a intervenir la ciudadanía. La boleta no lleva colores de partidos, la ciudadanía va a decidir finalmente a partir de las propuestas que cada participante realice. Es una apertura que ofrece un nivel de claridad que suele ser lo que los inversores reclaman.

El tema de la prisión preventiva oficiosa también genera inquietud. ¿Qué análisis tiene al respecto?

Una cosa es hacer una prisión preventiva justificada y otra es desaparecer el artículo constitucional. A quien le corresponde modificar la constitución es al legislativo. Tendrían que eliminar de la constitución esa disposición. Sería el constituyente permanente porque es una reforma constitucional.

Podríamos argumentar, para que estuviera en una situación más acorde con los derechos fundamentales, una medida cautelar que no fuera oficiosa, sino justificada. Que jueces, magistrados, en fin, justificaran la prisión y ya con eso se salvaría el tema de la violación a los instrumentos de derecho internacional y a los derechos humanos.

Se hizo una gran reforma en el Poder Judicial, pero no en las fiscalías. ¿Qué opina de ello?

Debe de ir a la par. El funcionamiento correcto de la impartición de justicia requiere una reforma a nivel Fiscalía General de la República y fiscalías locales, sino no se van a observar los cambios de la impartición de justicia por parte de jueces y magistrados, ni del Poder Judicial. Sería bueno que en el futuro se discuta una reforma integral del ministerio público fiscal.

LPOEder López

Cuando se aprobó la reforma, diversos organismos llevaron una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Preocupa alguna sentencia contra México?

No, no me preocupa. El argumento que utilizaron es que se estaba rompiendo con la independencia y autonomía del Poder Judicial, federal y local, pero no se demostró. Aunque presenten las reclamaciones, en ningún momento se prueba que porque sean elegidos por la ciudadanía se rompa con la autonomía. 

No hay una correlación en los argumentos. Al contrario, son propuestas que vienen de la ciudadanía, con el anterior sistema podría haber más problema: propuestas por los Presidentes de la República y aprobados por el Senado, ahí sí podría haber falta de autonomía e independencia y nunca promovieron una reclamación internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta de la reforma está dentro de las facultades que tiene un pueblo de darse en una constitución donde se designa al Poder Judicial como los otros poderes, el ejecutivo y el legislativo.