La presidenta Claudia Sheinabum vive un momento de alta restricción en materia de reuniones y acuerdos. Desde el estallido de la crisis bilateral con Estados Unidos, acceder a la mandataria, según dicen en Palacio, se ha vuelto casi imposible.
En uno de esos encuentros de excepción se habló de la necesidad de la Contrarreforma judicial, no tanto para elevar los requisitos de aquellos que quieren ser jueces, o para cambiar la fecha de la próxima elección sino, esencialmente, para cambiar el mecanismo de acuerdo que define la presidencia de la Suprema Corte.
En el esquema actual, el año que viene la ministra Lenia Batres llegará a la conducción del máximo tribunal, una cuestión que en el empresariado - asà como en diversos despachos del gabinete- se traduce en un resultado implacable: un sexenio sin crecimiento económico.
Los datos negativos de inversión, asà como la nueva rebaja de la nota crediticia, están movilizando a los empresarios que acceden a la presidenta para pedirle que Batres no presida la Corte.
La ministra tiene contradicciones elementales con las cuestiones más básicas del Estado de Derecho y en el sector empresarial siguen de cerca su rechazo absoluto a revisar cualquier asunto referido a impuestos: de los últimos 17 expedientes referidos a empresas y créditos fiscales, en 15 se pronunció contra los privados sin mayor explicación.
Una trama en desarrollo: en su ponencia aparecen asuntos por resolver ligados a empresas como Banco Multiva, Axa seguros, Coca-Cola y General Motors.
En el oficialismo Batres tiene pocos amigos: su polémica reciente, cuando resolvió a favor del ISSSTE - controlado por su hermano -,y en contra de la CDMX, le valió la furia de Clara Brugada asà como de la titular de Segob, Rosa Icela RodrÃguez.
Finalmente, el frente externo. Desde diversas representaciones diplomáticas han comenzado a manifestar la preocupación de que Batres presida la Corte, especialmente por las inversiones de empresas extranjeras que traducen ese movimiento como un golpe rotundo a la seguridad jurÃdica.
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