La asistencia a las casillas para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema comienza a adquirir tintes de derrota en Palacio Nacional: la reforma que impuso Andrés Manuel López Obrador el año pasado estaría generando poco o nulo interés y, según diversas estimaciones, la concurrencia a votar rondaría entre el 8 y el 12%.

De confirmarse la cifra, el resultado estaría muy lejos de la meta que se había trazado el Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum de alcanzar el 20% de participación y superar la asistencia a la revocación de mandato del 2022, donde, con López Obrador como móvil, participó el 17%.

El malestar tiene sentido: a diferencia de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el freno a la planta cervecera de Mexicali o el juicio a expresidente, el morenismo jugó a fondo por una reforma judicial que el grueso de la población, de confirmarse el pronóstico, no registró.

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El ala del entorno presidencial más crítica hacia de López Obrador hace una lectura ácida de lo sucedido: la reforma judicial deterioró el crecimiento y la inversión del sector privado, generó malestar en Washington, incorporó a Morena a figuras impresentables de la oposición para lograr la aritmética legislativa y expuso al INE a una potencial crisis respecto a los candidatos vinculados con el crimen organizado. Todo para una concurrencia de menos del 15% del electorado.

Un encuestador que trabaja para el Gobierno señala por estas horas dos cuestiones a tener en cuenta: la elección nunca figuró en los primeros lugares entre las inquietudes del voto morenista (donde dominan la seguridad y la economía) y, además, a aquellos encuestados que se les preguntó sobre si pensaban que votar jueces devendría en un mejor sistema judicial, la mayoría se inclinaron por la opción "no sabe/no contesta".

Así las cosas, la elección solo interesó a sectores de clases medias urbanas con cierto grado de politización y afines al morenismo. Un movimiento de masas, como se entiende a sí mismo el oficialismo, quedó atrapado este domingo en un ámbito muy pequeño de la sociedad. El costo más delicado hacia el futuro: costará instalar el concepto de que la justicia se "democratizó" - como dijo horas atrás la presidenta -, cuando fueron muy pocos los que acudieron a votar.

Otra cuestión: la baja concurrencia le ofrece a quienes entren a la Corte una mayor autonomía respecto a Palacio porque se cristaliza la idea de que llegaron al cargo más por la operación propia que por una inercia generada desde la cima. Nadie lo dirá en voz alta, pero el nivel de participación hace más propicios casos como el de los ministros Margarita Ríos Farjat o Juan Luis González Alcántara, que llegaron a la Corte propuestos por López Obrador y luego giraron hacia la oposición.