Ayer jueves partió desde Palacio Nacional la orden biunívoca de que se debían acelerar las pesquisas sobre la ministra de la Corte Suprema Margarita Ríos Farjat por su rol en el SAT. Es la represalia por su voto referido a la prisión preventiva ante delitos fiscales.  Cerca de Andrés Manuel López Obrador aseguran que durante su paso por el ente recaudador la actual ministra habría favorecido a grandes contribuyentes a través del accionar de un familiar directo. Ríos Farjat llegó a la Suprema Corte impulsada por el empresario Alfonso Romo.

En el cálculo de la 4T, Romo habría utilizado a Ríos Farjat cuando esta estuvo en el SAT para concretar ciertos acuerdos que en realidad tendían a favorecer a su división de negocios financieros. De avanzar la pesquisa se puede impulsar en el Senado la remoción de la ministra. 

El escenario es complejo porque tanto los militares como el fiscal general Alejandro Gertz Manero no quedaron conformes con un proyecto elaborado por la ministra semanas atrás  donde se ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), integrar una comisión especial para buscar a los desparecidos.

En marzo, por otra parte, Ríos Farjat tuvo un voto favorable al académico Sergio Aguayo, que desde el Colmex impulsa la declasificación de los documentos militares filtrados por el colectivo Guacamaya. 

Es el segundo episodio de fricción de Romo en poco tiempo. Semanas atrás hubo otro episodio con la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía, quien perdió la partida contra Rocío Nahle en los paneles de controversia del T-MEC además de que cerca del presidente cultivan la tesis de que Clouthier, direccionada por Romo, jugó a favor de la empresa Vulcan Materials en su litigio con la 4T.