Las consecuencias de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador comienzan a ser un tema recurrente en diversas conversaciones en Palacio Nacional.

El mes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum se molestó con la Suprema Corte, emanada de dicha reforma, por el escándalo de las camionetas y las togas de los ministros.

En paralelo, en las conversaciones con economistas, banqueros y empresarios emerge, de modo recurrente, el concepto de que la reforma se ha convertido en un obstáculo para detonar la inversión en sectores estratégicos, específicamente, en Pemex, donde se buscan desde hace meses asociaciones con privados con escaso éxito a excepción de Carlos Slim, empresario consentido del oficialismo.

Finalmente, el propio frente judicial. Ya hay casos-ejemplo de alto perfil que ilustran las grietas. Emilio Lozoya se paseaba en el restaurante Hunan, uno de los restaurantes más exclusivos de México con su brazalete electrónico, burlándose del entonces presidente López Obrador, cuando una foto lo puso finalmente tras las rejas. La influencia permitió la libertad en el juicio y el exceso lo devolvió a prisión. Hoy, vive en un departamento en Palmas, en la Ciudad de México y hasta se da el lujo de viajar.

Otro caso el de Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul, quien con 80 años está preso en el penal Altiplano y no se le concede ninguna medida cautelar, a pesar de la edad. Billy fue buscado por la Interpol, igual que Lozoya. Pero pareciera que para Billy no hay el mismo trato que para el exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

También se menciona el caso de John Urich, miembro de una de las familias más prominentes de México, fundadores y propietarios de la empresa de artículos escolares Baco, a quien su hermano Edgar le inició un litigio que lo llevó a la cárcel con supuestos "trucos" legales, para pagarle sólo el 7% de lo que valen sus dividendos.

El caso de la familia Urich pasa por varias aduanas. El auditor de toda la vida de Baco, Eduardo Nyssen, parece ser el hilo conductor que permitió a Edgar Urich otorgarle prisión a su hermano para obligarlo a firmar desde el Reclusorio Sur su propio despojo patrimonial.

Eduardo Nyssen, quien acaba de celebrar el 90 aniversario de su despacho y quien está señalado en pesquisas del SAT, es quien firma los estados financieros de la empresa Baco. Nyssen actúa más como socio, que como contador de la empresa de útiles escolares.

A Nyssen parece que no le importa firmar estados financieros con presuntas alteraciones, en los cuáles las ganancias están plagadas de estrategias para hacerlas desaparecer a cuentas de Morgan Stanley en Beverly Hills o a la banca suiza.

¿Por qué se da el lujo Eduardo Nyssen de firmar los estados financieros de BACO, sabiendo que están ocultando las ganancias para que Edgar Urich pueda dejar de pagarle dividendos a sus hermanos? Fuentes empresariales afirman que fue Nyssen quien acercó a Edgar Urich al más alto nivel en un tribunal para gestionar un paquete que incluyera orden de aprehensión y prisión preventiva justificada.

Son los hermanos Arturo, Erick y Raúl Moreno Villanueva los litigantes del lado de Edgar Urich. Y son el engrane para que Edgar pueda ser juez y parte, en contra de su hermano John, con todo el aval del Poder Judicial.

Luego entonces, el sistema de justicia en México con el caso de Lozoya, Billy Álvarez y John Urich sufre un descrédito de primer nivel. Hubo mucho capital político invertido por parte de Sheinbaum para sacar adelante la Reforma Judicial y la presión de Estados Unidos hoy es enorme.