Las elecciones judiciales en México abre un debate en la región. La relación de los gobiernos latinoamericanos, sobre todo en el espectro progresista, es compleja y han existido intentos de reducir el poder de la justicia que en su mayoría han fracasado.
Un caso notorio fue el de Argentina en 2012 cuando Cristina Kirchner presentó la llamada Ley de Democratización de la Justicia que proponía que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura sean designados el voto popular.
El proyecto ampliaba la cantidad de miembros del Consejo de 13 a 19, sumando a cinco académicos y a un abogado. Pero el proyecto fue declarado inconstitucional y no pudo implementarse.
La agenda judicial es una de las principales para el kirchnerismo y por eso Cristina reivindicó la iniciativa mexicana durante su visita al país en agosto del año pasado cuando calificó la decisión de "audaz" en un seminario organizado por Morena.
Otro de los países que avanzó en este tema fue Bolivia. A diferencia de Argentina, Bolivia adoptó en su Constitución de 2009 el método para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes). La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Hay otro países que no avanzaron en reformas de este calibre pero ven con mucho entusiasmo este tipo de reformas. Uno de ellos es el correísmo en Ecuador que denuncia hace una década la persecución contra su líder Rafael Correa con causas que aseguran que son inventadas para sacarlo de la cancha.
En ese sentido, el coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla Matías Capeluto, dijo a LPO que "sin dudas las elecciones judiciales de este domingo llevadas adelante por Claudia Sheinbaum pero impulsadas durante el gobierno de AMLO son la novedad política del progresismo después de mucho tiempo".
Capeluto sostiene que "en estos momentos existen álgidas discusiones de cuál debe ser el rol del progresismo en esta etapa: si estar a la defensiva frente a la extrema derecha, si reivindicar el modelo de oposición al neoliberalismo que fue tan exitoso a principios de siglo o bien imponer nuevas reformas de fondo creando nuevas discusiones. La novedad mexicana de este domingo acompaña esta última postura y se convierte el gobierno de morena en una referencia política de transformación y cambio de nuestras sociedades".
"Absolutamente todos los países latinoamericanos tuvieron serios conflictos de judicializacion de la política o politización de la justicia, innovar en esta discusión poniendo a la luz las autoridades, los intereses y los movimientos judiciales es sin dudas de las acciones más disruptivas de este nuevo progresismo", agregó.
El coordinador de Puebla planteó que "algunos en México ahora quieren hacer lo mismo con los embajadores para que le rindan cuentas a su pueblo de sus acciones. Por momentos suena caótico una elección de este estilo, sin embargo los procesos, como el mexicano, de democratización permanente de las instituciones son el camino a seguir por delante".
La necesidad de cambios y un mejor funcionamiento de la justicia es un tema que interesa en buena parte de la población regional. Sin embargo, este tipo de metodologías también encienden alertas respecto de un giro autoritario que lleva a los países que lo implementan a un régimen del estilo de Venezuela o Nicaragua. Allí, tanto Nicolás Maduro como Daniel Ortega fueron colonizando el poder judicial para quedarse con el poder absoluto.
El Financial Times califica la elección de jueces como un "experimento kafkiano"
En el caso de Venezuela, el chavismo disfrazó el fraude de las elecciones del año pasado con un supuesto hackeo y delegó las tareas que corresponden al Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo Electoral dominado por el chavismo.
La posibilidad que Morena se queda con los nueve ministros de la Corte y la mayoría en el Tribunal de Disciplina expondría la país a ese giro. No hay dudas que el poder judicial ha jugado un papel clave en la prisión injusta contra Lula en 2018 (que luego la Corte terminó anulando las causas por la parcialidad de Sergio Moro) o causas insólitas contra figuras como Correa o Cristina Kirchner pero que amenaza con cruzar una línea delicada para la convivencia democrática.
Marco Enriquez Ominami, fundador, referente del Grupo de Puebla y ex candidato a presidente de Chile, señaló que "creemos que el proceso que inicia a México respecto a las elecciones de sus magistrados y jueces es un proceso que debiera ser abordado con interés de parte de muchos de nuestros países que en América Latina y el Caribe conocen tres crisis: la crisis de legitimidad, la crisis de representación y la crisis de justicia".
"El proceso que enfrenta México es la respuesta frente a una evidente crisis del sistema. E incluso como chileno yo he planteado por ejemplo que los fiscales regionales sean electos por por voto directo de los chilenos. Como grupo de Puebla acompañamos entonces el Nuevo México que construye junto a su pueblo la presidenta de México por la vía democrática transparente e innovado", concluyó.
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