La Corte Suprema le asestó ayer miércoles un golpe a la política de seguridad diseñada por Omar García Harfuch. El máximo tribunal decidió que para que la UIF pueda congelar cuentas debe mediar primero un pedido formal de un gobierno extranjero. Hasta ahora la UIF podía hacerlo solo con el dato de que había investigaciones en curso por parte de agencias del exterior.

El problema principal es que esas ordenes en muchos casos demandan judicializaciones previas que ponen sobre aviso a los sospechosos y les brindan margen de acción.

Para el plan de García Harfuch es un inconveniente que llega incluso hasta la relación bilateral con Washington: el secretario de Seguridad le prometió a la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, que seguiría la ruta del dinero para ir tras toda la cadena empresarial del negocio del fentanilo. Congelar cuentas es un ángulo central de esa estrategia que en los próximos días debería revalidarse cuando se actualice el Entendimiento Bicentenario, el acuerdo de seguridad establecido por México y EU firmado en 2021.

Anoche en el Gobierno la lectura compartida era que no se trata de García Harfuch o la UIF, sino de una represalia directa al avance veloz que tienen las leyes secundarias de la reforma judicial en el Congreso. De no haber cambios, este fin de semana toda la reglamentación de la reforma debería quedar aprobada.

El Poder Judicial, en tanto, resiste desde el interior. Desde el 23 de septiembre se emitieron 82 tramites asociados a juicios de amparo contra la reforma. Los empleados judiciales preparan un pliego de demandas que puede paralizar la actividad en los tribunales de todo el país y generar un daño económico de más de 8000 millones de pesos.

En paralelo la Corte, epicentro del conflicto, comienza a mostrar un tamiz cada vez más cercano a la política, de ahí las postales alegres de la ministra Norma Piña con el senador Gerardo Fernández Noroña. La ministra se reunió con los senadores morenistas pero el ritmo de las leyes secundarias no frena así como tampoco se frenan los fallos contra el Gobierno en la Corte: además del revés contra la UIF se emitió un falló contra la reforma eléctrica que avala Claudia Sheinbaum y la agenda de los próximos días puede ser aún más vibrante.

Esa tónica de confrotación será clave para analizar hasta dónde puede llegar el máximo tribunal para descarrilar la reforma en el análisis de las impugnaciones presentadas. La pelea con el Gobierno puede incentivar visiones muy audaces por parte de los ministros respecto a sus alcances y facultades al momento de entender la Constitución.

Como sea, el oficialismo nunca pierde de vista su centralidad electoral. Basta con comparar los 35 millones de votos que tuvo en junio con la afluencia a las marchas y movilizaciones realizadas para defender a los juéces.

En medio de esta trifulca, el empresariado. Aunque el martes Francisco Cervantes estuvo una hora con la presidenta, todavía la desorientación en el CCE persiste: Sheinbaum pide inversiones y apostar por el país para paliar el déficit en las cuentas públicas, pero también quiere aprobar las leyes secundarias de una reforma que genera temor en el ámbito inversor.

Donde más visible es esta contradicción es en el plano energético: Sheinbaum busca asociarse a privados por el marco jurídico de la reforma es demasiado inestable para un negocio donde los réditos siempre son a largo plazo.