Con el presupuesto más bajo de su historia, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) parece estar escogiendo sus batallas en la protección de los ecosistemas mexicanos, pero en Baja California hay frentes abiertos en todo el estado.

La PROFEPA lleva aproximadamente un lustro de dificultades económicas luego de que la administración de Enrique Peña Nieto recortara su presupuesto cada año de gobierno, además de cortar por la mitad el gasto federal total en temas de medio ambiente.

La administración de López Obrador no ha cambiado mucho el gasto en estos temas, pero sí ha aplicado su política de austeridad, reduciendo el presupuesto en temas ambientales durante los tres años que lleva en el poder.

Sin embargo, cuando se toman en cuenta las funciones de la PROFEPA (la protección de todas las áreas protegidas, así como las costas de todo México de crímenes ambientales) las medidas de austeridad inevitablemente llevan a decisiones difíciles.

En junio de este año, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de PROFEPA, anunció que las oficinas de Tijuana y Ensenada de esta dependencia estarían cerrando a finales de agosto, lo que causó disgusto en la comunidad ambientalista del estado.

Firmas fueron recolectadas, se realizaron protestas, e incluso el secretario de economía de Baja California, Mario Escobedo, aseguró estar en pláticas para que las oficinas en ambos municipios siguieran activas, pero parece no haber funcionado.

LPOJuan Pablo Guerra

El delegado federal en BC, Alejandro Ruiz Uribe confirmó que las oficinas de PROFEPA en Tijuana de ahora en adelante serán del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, y las oficinas en Ensenada ya han empezado a ser desmanteladas.

El argumento de Ruiz Uribe es que el cierre de las oficinas no es problema, pues la Marina se encargará de la protección de las costas contra la pesca ilegal, pero los peligros al medio ambiente de Tijuana y Ensenada también están en tierra.

La reciente contaminación de la costa desde Rosarito hasta Tijuana ante la aparición de millones de filtros plásticos en las playas, el saqueo de salvia en el área rural de Ensenada, la protección del parque nacional San Pedro Mártir, son sólo algunos de los ejemplos de la problemática ambiental actual.

Mientras tanto, los municipios y el gobierno estatal están imposibilitados para actuar de manera efectiva, la Marina junto a la Guardia Nacional estarán protegiendo la costa, pero no tienen las atribuciones para castigar delitos ambientales.

Personas cercanas a la materia hablan de la posibilidad de que en el cierre de estas oficinas funge otro propósito, además de una medida de austeridad.

Todos los recursos que se tenían en Ensenada y Tijuana serán movilizados a Mexicali, desde donde operará la PROFEPA para todo el estado, con una mayor cercanía a San Felipe.

La importancia de esta región a los intereses del gobierno federal es fácil de observar.

En el Golfo de California, en 1999, el ex presidente Salinas de Gortari se reunió con Bruce Babbit, entonces secretario del interior de Estados Unidos.

El Golfo de California es la sección en la que las recientes administraciones federales han encontrado su talón de Aquiles en términos ambientales, pues la posible extinción de la vaquita marina -especie endémica del área- se ha convertido en un tema altamente mediático y controversial.

Cabe recordar que fue en este Golfo, en 1999, donde el ex presidente Salinas de Gortari se reunió con Bruce Babbit, en ese entonces secretario del interior de Estados Unidos, en plena negociación del Tratado de Libre Comercio, el cual incluía clausulas para que ambos países colaboraran en términos de protección al medio ambiente.

Babbit y Salinas estuvieron en Puerto Peñasco cuando se anunció la creación del polígono de protección, donde se restringía la pesca, hecho que traería más de dos décadas de conflicto a la región.

Ahora, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado para mantener los acuerdos del TCLAN, dará revisión a una demanda presentada por diferentes organizamos de la sociedad civil por las deficiencias del gobierno mexicano para defender a la Vaquita Marina.

Con la transferencia de todas los recursos de PROFEPA a Mexicali, el gobierno mexicano podría asegurar una mejora a los trabajos de protección y salvaguarda en el área, lo que podría evitar un conflicto internacional.

Solo el tiempo dirá si está es una estrategia para redoblar esfuerzos en la protección de ciertos aspectos del medio ambiente o simplemente una medida de austeridad, acorde con el gobierno actual.