La acusación presentada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y su círculo no describe un desliz, describe un sistema. Gobernador, senador, alcalde, mandos policiales, responsables de seguridad. No son piezas sueltas, es la estructura completa. Lo que está en juego es la posibilidad de que el poder en Sinaloa haya nacido de un acuerdo con el crimen organizado.

Durante años se descalificó como exageración lo que hoy aparece en un expediente judicial. Que el Cártel de Sinaloa intervino en la elección de 2021. Que hubo intimidación, secuestros de operadores, presión a adversarios, manipulación de condiciones de competencia. Que el objetivo no era solo influir, era decidir. Y que, a cambio, habría protección institucional. Rutas abiertas, operativos filtrados, corporaciones usadas como escoltas del narco y un gobierno convertido en garantía de impunidad.

Eso cambia todo. Ya no se trata de corrupción en el ejercicio del cargo, sino del origen mismo del poder. Un gobierno que no se desvió, sino que habría nacido comprometido. Si el crimen ayudó a ganar, el gobierno queda atado desde el primer día. Y eso explica muchas cosas que después parecen inexplicables.

Sinaloa lleva más de año y medio en guerra abierta entre facciones del mismo cártel. Meses con más de 200 homicidios, miles de asesinatos acumulados, más de mil quinientas personas desaparecidas, bloqueos, enfrentamientos, fosas, ataques de alto impacto. Un estado sometido. Un gobierno rebasado o, peor, un gobierno que no puede actuar porque el conflicto toca a quienes lo llevaron al poder.

Y mientras todo eso ocurre, Morena decide cerrar filas con sus narcopolíticos. Lo hicieron cuando apareció la carta del Mayo Zambada en 2024. Lo hicieron cuando se impugnó la elección de 2021 por violencia e intervención criminal. Y lo vuelven a hacer ahora que hay una acusación formal en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum opta por defender al gobernador en lugar de exigir cuentas. Andrés Manuel López Obrador normalizó durante años la relación ambigua con el crimen bajo el disfraz de una estrategia fallida. Hoy estamos viendo las consecuencias de esa permisividad convertida en alianza inconfesable.

La presunción de inocencia es un principio jurídico y hay que respetarlo. Pero no es un escudo político. Un gobernador acusado de conspirar con el Cártel de Sinaloa no puede seguir operando como si nada. No puede conducir la seguridad de un estado en guerra. No puede pedir confianza cuando lo que hay es una duda razonable sobre la legitimidad de su origen.

El problema ya no es local, es institucional. Estamos frente a la captura total de un gobierno por el crimen organizado. Cuando eso ocurre, el Estado deja de ser árbitro y se convierte en parte. Deja de combatir y empieza a administrar. Deja de proteger a los ciudadanos y protege intereses criminales.

Por eso la discusión no es exagerada. La desaparición de poderes es un mecanismo constitucional para cuando las instituciones locales pierden control o credibilidad. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en Sinaloa. Violencia sostenida, pérdida de control territorial y acusaciones de colusión al más alto nivel. No hay condiciones para que los poderes sigan operando con normalidad.

La Fiscalía General de la República no puede hacerse la distraída. Tiene que investigar a fondo, sin cálculos políticos, sin protección desde el poder. Si Morena pretende bloquear cualquier intento de rendición de cuentas, quedará claro que el problema no es solo Sinaloa, es el régimen entero protegiéndose a sí mismo.

El Senado debe evaluar de inmediato la desaparición de poderes en Sinaloa. No es una medida extrema, es la única salida institucional cuando el gobierno está bajo sospecha de haber sido comprometido desde su origen. Mantenerlo es prolongar la crisis, removerlo es abrir la posibilidad de recuperar el control.

Claudia Sheinbaum está frente a una decisión que define más que un discurso. O rompe el pacto criminal de su antecesor y permite que se investigue hasta el fondo, o termina de confirmar que el poder en México se puede ganar y sostener con respaldo del narcotráfico.