En su iniciativa de reforma electoral, el gobierno decidió incorporar a la Constitución una regulación sobre contenidos políticos "manipulados" con inteligencia artificial o con "otras tecnologías". El argumento, en apariencia, suena razonable: evitar deepfakes o materiales falsos que puedan engañar a los votantes. Nadie quiere elecciones contaminadas con videos fabricados para hacer creer a los ciudadanos que alguien dijo o hizo algo que en realidad nunca ocurrió.

El problema empieza cuando uno revisa el texto de la iniciativa. La redacción es peligrosamente ambigua. Habla de contenidos "alterados", "modificados" o "manipulados" mediante inteligencia artificial u otras tecnologías, pero nunca define qué significa cada uno de esos conceptos, cuál es el tipo de conducta que realmente se busca sancionar o la autoridad responsable de calificarla.

Ese vacío no es menor. En el mundo digital prácticamente todo contenido pasa por algún tipo de modificación tecnológica. Un video editado, una fotografía recortada, subtítulos añadidos a un discurso, un montaje humorístico, una caricatura digital, un meme o una parodia política son, técnicamente, contenidos alterados. Si esa redacción se convierte en norma constitucional, la frontera entre combatir un deepfake y censurar una crítica política se vuelve peligrosamente difusa.

La diferencia es fundamental. Una cosa es fabricar un video falso donde un candidato aparentemente confiesa un delito o pronuncia palabras que nunca dijo. Eso es desinformación deliberada. Pero otra muy distinta es editar un discurso para evidenciar una contradicción, hacer sátira política, producir una caricatura o crear un meme crítico. Todo eso forma parte del debate público y del ejercicio cotidiano de la libertad de expresión en una democracia.

El problema se agrava porque la iniciativa también impone obligaciones a medios de comunicación y plataformas digitales para identificar, advertir o evitar la difusión de contenidos manipulados. En la práctica, ese tipo de reglas suele producir un efecto muy claro: las plataformas prefieren eliminar contenidos ante cualquier duda para evitar sanciones legales. Cuando una empresa enfrenta la posibilidad de multas o responsabilidades jurídicas, su reacción natural no es defender el debate público, sino reducir riesgos.

El resultado es conocido en muchas partes del mundo: censura preventiva. No hace falta que una autoridad ordene directamente la eliminación de contenidos. Basta con establecer normas ambiguas y trasladar responsabilidades a intermediarios digitales para que estos empiecen a borrar material que pueda resultar incómodo o controversial. En ese contexto pueden terminar desapareciendo memes, parodias, videos editados o montajes humorísticos que forman parte normal de la conversación política.

A eso se suma otro incentivo particularmente delicado durante las campañas electorales. Con una redacción tan abierta, partidos y candidatos podrían empezar a denunciar contenidos alegando que constituyen "manipulación tecnológica", incluso cuando se trate de sátira o crítica política. Un meme que ridiculiza a un funcionario, un video editado que exhibe una contradicción o una parodia viral podrían convertirse en objeto de denuncias ante autoridades electorales. El resultado sería una cascada de procedimientos, presiones para retirar contenidos y litigios en pleno periodo de campaña.

No es difícil anticipar quién podría utilizar con más entusiasmo ese mecanismo. El mismo movimiento político que ha demostrado en los últimos años una enorme intolerancia frente a la crítica. El mismo que convierte memes en escándalos, caricaturas en supuestas conspiraciones y cuestionamientos periodísticos en ataques políticos. Morena ha construido buena parte de su narrativa denunciando campañas mediáticas y ataques en redes, y esta regulación podría convertirse en una herramienta perfecta para intentar disciplinar la conversación digital.

Tampoco es casual que esta propuesta aparezca en un momento en el que las redes sociales siguen siendo el espacio donde el poder todavía no logra controlar completamente la conversación pública. La televisión y buena parte de la prensa viven hoy bajo fuertes presiones políticas y económicas. Internet, con todos sus defectos, sigue siendo un territorio donde la crítica circula con mayor libertad y donde el humor político se multiplica con rapidez.

Regular los deepfakes puede ser un objetivo legítimo. Nadie discute que la desinformación tecnológica representa un reto real para las democracias contemporáneas. Pero una regulación mal diseñada puede terminar siendo mucho más peligrosa que el problema que pretende resolver. Cuando las definiciones legales son vagas y no distinguen claramente entre desinformación deliberada, edición informativa y sátira política, el resultado inevitable es la expansión de la censura.

La historia política está llena de gobiernos que, en nombre de combatir la mentira, terminaron construyendo mecanismos para controlar la crítica. Si esta norma se aprueba tal como está redactada, México corre el riesgo de avanzar en esa dirección. Porque una democracia combate la desinformación con más información, no con silencios impuestos.

Cuando un gobierno empieza a preocuparse demasiado por los memes y las parodias, casi nunca es porque esté defendiendo la verdad. Generalmente es porque no tolera la crítica. Y cuando el poder empieza a diseñar reglas para controlar lo que se puede decir en internet durante una campaña electoral, lo que está en juego ya no es la tecnología ni la inteligencia artificial. Lo que está en juego es algo mucho más simple y mucho más antiguo: la libertad de expresión.