En Estados Unidos el tono ya cambió. Donald Trump sostiene que amplias zonas de México están bajo control del crimen organizado, amenaza con actuar contra los cárteles incluso sin coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum y el fiscal Todd Blanche adelanta nuevas acusaciones contra políticos de Morena vinculados con actividades criminales. El caso de Rocha Moya no cerró una crisis, abrió una mucho más grande. Sinaloa fue apenas el primer golpe visible.

En ese contexto aparece el escándalo del huachicol fiscal dentro de la Marina, un caso especialmente sensible para Estados Unidos porque mezcla tráfico ilegal de combustible, lavado de dinero, corrupción aduanal, control portuario y vínculos con narcotráfico. Ahí entran Fernando y Manuel Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Esta semana, Código Magenta tuvo acceso directo a Fernando Farías Laguna desde Argentina, y su relato cambia completamente la narrativa oficial.

Fernando sostiene que ni él ni su hermano eran los verdaderos líderes de la red, sino los personajes elegidos para cargar con toda la responsabilidad mientras el resto de la estructura permanece impune. Su argumento es que una operación de huachicol fiscal de esa magnitud no podía depender solo de dos mandos navales. Requería puertos, aduanas, permisos, transportistas, empresas para lavar dinero, operadores financieros, protección política y respaldo institucional. Es decir, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas en distintos niveles.

Ahí aparece el doble rasero que denuncia. A los hermanos Farías los persiguen y exhiben como rostro del escándalo, mientras el resto de los posibles involucrados permanece intacto. Según su versión, el gobierno necesita culpables visibles para cerrar el caso sin tocar a quienes realmente tenían el control político y operativo de la red.

Fernando Farías asegura que conoció el esquema porque el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar lo buscó para denunciar lo que ocurría dentro de la Marina. Según el relato, Guerrero Alcántar le advirtió que estaban usando su nombre y el de su hermano por ser sobrinos del secretario para facilitar operaciones ilegales. De acuerdo con esa versión, Fernando llevó personalmente al contralmirante con Ojeda Durán para exponerle el caso.

Luego vino la eliminación de cabos sueltos. Primero mataron en Manzanillo a Magali Janet Nava Ramos, funcionaria de la Fiscalía General de la República vinculada al entorno del caso. Semanas más tarde asesinaron al propio Guerrero Alcántar, el hombre que más sabía sobre la estructura de tráfico de combustibles dentro de la Marina. Para Fernando, esos crímenes fueron la señal definitiva de que el caso estaba contaminado desde dentro y de que quedarse en México significaba exponerse a morir o terminar preso sin defensa real.

Por eso huyó a Argentina usando documentación falsa. Su hermano Manuel permaneció en México, se presentó voluntariamente y terminó detenido en la primera audiencia. Hoy está preso en el Altiplano. Fernando sostiene que eso demuestra que el proceso ya estaba decidido desde antes y que no existía interés real en investigar toda la red.

También dice desconfiar del sistema de justicia en México porque considera que Morena terminó capturando al Poder Judicial y utilizando las instituciones para cuidar los intereses de políticos intocables. Por eso pide asilo en Argentina y, si no lo consigue, busca ser juzgado en Estados Unidos. A eso se suma que las autoridades se niegan a entregar información clave para su defensa y que parte de su expediente fue reservado por razones de seguridad nacional.

No es ninguna coincidencia. López Obrador entregó a las Fuerzas Armadas el control de puertos y aduanas con el argumento de combatir la corrupción. Hoy el escándalo gira precisamente alrededor de puertos y aduanas militarizadas. Sheinbaum mantiene intacto ese blindaje institucional mientras continúan los expedientes reservados y el control político del caso.

Si la versión de Fernando Farías resulta cierta, aunque sea parcialmente, el problema ya no sería únicamente quién traficaba combustible. El problema sería que parte del aparato del Estado ha servido para proteger una estructura criminal mientras se fabrican culpables convenientes para evitar que el caso alcance a los verdaderos beneficiarios.

El huachicol fiscal, igual que los casos de Rocha Moya en Sinaloa, Marina del Pilar en Baja California, Américo Villarreal en Tamaulipas o La Barredora en Tabasco, forma parte de ese conjunto de expedientes que hoy están bajo especial atención de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum puede gritar soberanía, persecución o montaje para defender lo indefendible, pero todos los casos terminan apuntando hacia la misma dirección, la de López Obrador y los suyos. Ya no son hechos aislados. Lo que hay es un patrón donde crimen organizado, poder político, protección institucional y opacidad se repiten alrededor del mismo grupo en el poder.