La crisis abierta por el caso Chihuahua y las acusaciones contra Rubén Rocha Moya no son episodios aislados. Son, en realidad, dos expresiones distintas de un mismo problema: la progresiva incapacidad del Estado mexicano para monopolizar el control de la seguridad dentro de su propio territorio.

En Chihuahua, la muerte de dos presuntos elementos vinculados a la CIA durante un operativo revela algo profundamente delicado: las decisiones estratégicas en materia de seguridad parecen comenzar a desplazarse hacia agencias extranjeras que operan, cooperan o intervienen en México con niveles de autonomía todavía poco claros para la opinión pública. La discusión ya no es solamente si hubo o no autorización formal, sino si el Estado mexicano mantiene realmente el control político y constitucional de dichas operaciones.

La Constitución mexicana establece límites claros. La soberanía nacional no admite la sustitución de funciones esenciales del Estado por gobiernos extranjeros. El Senado tiene facultades expresas para autorizar presencia o tránsito de fuerzas extranjeras, mientras que la Ley de Seguridad Nacional, reformada tras el caso Cienfuegos, intentó precisamente acotar la operación de agencias estadounidenses dentro del país.

Sin embargo, la realidad parece avanzar más rápido que el derecho. Frente al crecimiento del narcotráfico, México ha terminado dependiendo crecientemente de inteligencia, tecnología y coordinación norteamericana. El problema aparece cuando la cooperación se vuelve indistinguible de la intervención.

Pero del otro lado existe una amenaza todavía más profunda: la captura criminal del poder político.

Las acusaciones que rodean al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, colocan sobre la mesa una hipótesis devastadora para cualquier democracia: que organizaciones criminales no solamente corrompen autoridades, sino que participan activamente en la construcción del poder público mediante financiamiento, operación territorial o control político regional.

Ahí la discusión ya no es soberanía frente a Estados Unidos, sino soberanía frente al crimen organizado.

Un Estado infiltrado por el narcotráfico pierde capacidad para proteger a sus ciudadanos porque las estructuras encargadas de brindar seguridad terminan subordinadas a intereses criminales. El ciudadano queda entonces atrapado entre dos formas distintas de captura institucional: la dependencia operativa hacia gobiernos extranjeros y la penetración territorial del crimen organizado.

Thomas Hobbes sostenía en Leviatán que la existencia misma del Estado se justifica por su capacidad de garantizar seguridad y evitar la guerra de todos contra todos. Cuando el Estado deja de controlar la violencia -o comparte ese control con actores externos o criminales- comienza a erosionarse la legitimidad sobre la cual descansa el pacto político.

Ese es el verdadero fondo de ambos casos.

Por ello, el gobierno federal enfrenta un desafío extremadamente delicado. Si exagera el caso Chihuahua bajo una narrativa soberanista, corre el riesgo de criminalizar mecanismos de cooperación internacional que durante décadas han sido utilizados por todos los gobiernos mexicanos. Pero si minimiza las acusaciones contra Rocha Moya, enviaría el mensaje de que la infiltración criminal del poder político puede ser tolerada cuando afecta a aliados internos.

La salida institucional exige equilibrio.

México necesita cooperación internacional contra el narcotráfico, pero bajo control constitucional claro y con plena subordinación al Estado mexicano. Al mismo tiempo, necesita demostrar que ningún actor político, incluso dentro del oficialismo, está por encima de la ley cuando existan indicios serios de vínculos con organizaciones criminales.

Paradójicamente, el caso Rocha podría convertirse en la mayor oportunidad de credibilidad para el actual gobierno. Someter a la justicia a un gobernador señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico enviaría un mensaje mucho más poderoso que cualquier discurso soberanista contra agencias extranjeras.