El Departamento de Estado estima reabrir la embajada estadounidense en Caracas en la primera mitad del año y el enviado especial Richard Grenell es el gran candidato para el cargo. Así lo confirmaron a esta redacción fuentes diplomáticas que han sostenido contactos con el subsecretario de Estado Christopher Landau.

Otra opción es la de Mauricio Claver-Carone, que fue encargado para la región durante unos pocos meses y actualmente se desempeña en un fondo de inversión en Miami que tiene relación con la familia de Donald Trump.

El pasado lunes Trump dijo a la prensa, a bordo del Air Force One, que "estaba pensando" en la reapertura de la sede diplomática que dejo de funcionar en enero del 2019 luego de que Nicolás Maduro rompiera las relaciones bilaterales.

El proceso no será del todo rápido porque Estados Unidos no retomaría su embajada ubicada al sureste de Caracas, en el barrio Colinas de Valle Arriba, sino que se utilizaría una nueva instalación por motivos de seguridad.

A medida que avanza la semana el chavismo comienza a seguir la sintonía de Washington. El hijo de Maduro, conocido como "Nicolasito" Maduro Guerra, de profesión economista ha cerrado filas con Delcy Rodríguez y estaría promoviendo no solo que Venezuela cumpla con las demandas petroleras de Trump, sino que también respaldaría una eventual reunión en las próximas semanas de Rodríguez con Marco Rubio.

Maduro Guerra trabó relación con el hermano de la actual mandataria, Jorge Rodríguez, desde que lo acompañó a las fallidas negociaciones con la oposición en la CDMX, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De los funcionarios designados por la Casa Blanca para dirigir la transición en Venezuela el más interesado en la reapertura de la embajada sería Stephen Miller, asesor político de la Casa Blanca y que tiene el foco en lograr una mayor cohesión con el chavismo para poder acelerar deportaciones de venezolanos y que sean recibidos por las nuevas autoridades.

Desde la óptica de Landau, la embajada será clave para, además, contar con las garantías de seguridad que permitan a los opositores regresar a Venezuela, siempre con el horizonte, como ha señalado Marco Rubio, de que unas eventuales elecciones serán en el largo plazo y solo después de consolidar los acuerdos económicos.