El general retirado Oscar Naranjo es una figura ineludible en historia reciente de la política y la seguridad en Colombia. Encargado de labores de inteligencia que permitieron la caída del capo Pablo Escobar, jefe de la Policía Nacional, vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos y negociador plenipotenciario para los acuerdos de paz con las FARC y otros grupos armados. Su historia es inseparable de la actualidad reciente del país sudamericano.

En conversación con LPO, Naranjo aportó sus impresiones de cara a la primera vuelta de la contienda presidencial el próximo 31 de mayo, opinó sobre los movimientos de Estados Unidos en la región y cuestionó el uso  que hace la clase política de la agenda de seguridad.

¿Por qué el actual proceso electoral ha estado signado por niveles tan altos de violencia política?

A diferencia de las elecciones del 2018, que después del acuerdo con las FARC y otros grupos fueron las más pacificas de Colombia en décadas, esta elección es distinta, esta marcada desde el inicio por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y se ha caracterizado por anuncios constantes de las diversas fuerzas políticas de amenazas a sus candidatos.

Esta situación ha generado un gran nerviosismo en la sociedad, que recuerda años que pensábamos que estaban superados. El mejor ejemplo fue la muerte de más de 20 civiles en el departamento del Cauca días, esas eran situaciones que ya creíamos superadas como país.

¿Qué balance hace de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro?

Las declaraciones hay que sustentarlas con evidencia y las evidencias dicen que hay una violencia invisible muy fuerte, donde comienzan a predominar delitos como la extorsión, el secuestro y los desplazamientos de personas.

En términos de seguridad, la encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) refleja que en entornos urbanos la gente se ha sentido más segura. Sin embargo, cuando se analizan los datos yo diría que lo que le ha faltado al Gobierno es una coordinación entre una política de seguridad, una política para la paz y las acciones propias de la lucha contra las drogas.

¿Cuál será el gran desafío en materia de seguridad para el próximo presidente?

A estas alturas, a pocos días de la primera vuelta, yo en particular no me animaría a pronosticar quién ganará, pero es evidente que Iván Cepeda estará en la segunda vuelta.

Creo que cualquiera que gane las elecciones se va a encontrar con una situación que tiene que rectificar y revisar, me refiero a como se ha conducido la negociación en el marco de la "Paz Total".

Allí hay elementos críticos que dejan lecciones aprendidas, especialmente sobre cuál es el momento adecuado para decretar un cese al fuego, cuál es el papel del Estado en la negociación y, algo central, entender que la paz parcial tampoco genera confianza.

¿Cómo entiende la relación de Petro con las fuerzas de seguridad?

Es evidente que el gobierno del presidente Petro ha hecho esfuerzos para mejorar la calidad de vida de soldados y policías, allí han tenido lugar alivios derivados de aumentos salariales

En segundo aspecto, el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por ampliar las bases de incorporación de elementos ante el retiro de miles de oficiales.

El gobierno tuvo dos momentos en su plan de seguridad. Primero creyó en la buena fe de los grupos armados, ordenó el cese al fuego y la inmovilización. Y luego, en la segunda mitad, ha ordenado más bombardeos que en todo el gobierno previo, una fase de ofensiva contra grupos criminales, que se han fortalecido y que son un desafío para el próximo presidente.

¿Por qué los grupos criminales son más fuertes?

Las cifras están probando que han crecido en el numero de elementos, el ministerio de Defensa calcula que esos grupos tienen cerca de 27.000 personas que los integran, no todos están en armas pero ya es el doble de lo que había hace cuatro años. Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz esos grupos estaban en mínimos históricos

Ahora no solo hay un crecimiento geográfico de estos grupos en departamentos y municipios, sino que también han impuesto gobernanza a través de sobornos o corrupción, se han adueñado de gobiernos locales.

¿Y cómo se han financiado?

Hay tres fuentes de financiación estructural. Una es el narcotráfico, los últimos reportes indican que Colombia paso a producir poco más de 2.600 toneladas anuales de cocaína. El gobierno hace un gran esfuerzo e incauta 800 toneladas, pero aún así son ingresos monumentales para los grupos armados.

El otro tema es el negocio del oro, que es un negocio al alza por su valor de mercado y en tercer lugar está la extorsión que es otro negocio criminal que va en aumento, al punto que pequeños vendedores ambulantes pagan tributo a grupos criminales para poder tener su negocio.

Se entiende que diversos grupos armados colombianos tienen presencia en Venezuela, supuestamente cobijados por el chavismo, ¿cómo impacta en la seguridad de Colombia la situación política de Venezuela?

Venezuela está en un proceso de cambio que no termina de consolidarse. Yo creo que existe una desconfianza muy presente en la relación bilateral y estimo que todavía es temprano para ver qué impacto material factico se produce alrededor del cambio en Venezuela, lo cierto es que hay más conversaciones, pero estas no se plasman en medidas concretas.

¿Qué opina del plan de Donald Trump de lanzar el llamado "Escudo de las Américas" en su política contra las drogas?

Lo que es evidente es que la política norteamericana se soporta en la disuasión dura y está acompañada, en la actualidad, por el despliegue de fuerzas militares.

Creo que el anuncio del "Escudo de las Americas" hay que llenarlo de contenido y hay que involucrar de manera directa a México, Brasil y Colombia, sin estos gobiernos la iniciativa carece de profundidad.

¿Los políticos hacen un uso puramente electoral de las cuestiones referidas a la seguridad?

El tema de la seguridad parece estar secuestrado ideológicamente, con una extrema derecha que pide mano dura como si esa fuera una solución mágica y en la otra orilla el progresismo, con su predica de que mientras haya desigualdad habrá violencia, predica que va de la mano del apaciguamiento de la ley y el Estado de Derecho.

Ninguna de las dos son efectivas, hay que actuar sobre la base de la evidencia, la capacidad de innovación, las políticas de contención y los planes de largo plazo.