El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos empresarios y nueve empresas mexicanas a las que acusa de operar una red de robo y contrabando de combustibles que financiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida fue acompañada por el bloqueo de cuentas y activos en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en una operación coordinada entre ambos gobiernos.

La medida fue anunciada  por el Departamento del Tesoro estadounidense y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que confirmó el congelamiento de activos en territorio mexicano como resultado de una investigación desarrollada de manera coordinada entre ambos países.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, además de nueve empresas relacionadas con actividades de transporte, comercialización, logística e inmobiliarias que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, formaban parte de una estructura utilizada para el tráfico transfronterizo de combustibles, la falsificación de documentación aduanera y la evasión de impuestos en México.

Según el Departamento del Tesoro, la red habría permitido al CJNG obtener decenas de millones de dólares al año mediante esquemas de "huachicol fiscal", relacionado en importar gasolina, diésel y otros hidrocarburos con documentación falsa o bajo clasificaciones aduaneras incorrectas para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). "Representa una amenaza para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero de Estados Unidos", afirmó el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Gasoductos en pugna

Además del bloqueo patrimonial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para fortalecer la detección de operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles y el lavado de dinero asociado a organizaciones criminales. Para Washington, este tipo de operaciones se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles.

Del lado mexicano, la SHCP informó que la UIF participó en el desarrollo de la investigación junto con las autoridades estadounidenses y ejecutó el bloqueo de cuentas y otros activos financieros de las personas y empresas señaladas, con el objetivo de impedir el movimiento de recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

En un comunicado conjunto con la UIF, Hacienda señaló que las acciones entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, "fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos".