El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este miércoles que Washington y México "están actualizando y adaptando" la alianza bilateral para combatir al narcotráfico y el fentanilo a partir de una "estrategia integral, ágil y eficaz para las drogas sintéticas".

Durante su participación en la conferencia de drogas sintéticas México-Estados Unidos, Blinken sostuvo que el presidente norteamericano, Joe Biden, "está comprometido a poner fin a esta epidemia mortal" que ya constituye la primera causa de muerte en ciudadanos norteamericanos entre 18 y 49 años, pero aclaró que "ningún país o gobierno puede detener la propagación de las drogas sintéticas por sí solo", por lo que Washington trabaja junto a otros gobiernos, entre los cuales México se conforma como uno de los "socios más cercanos" en esta lucha."Bajo el presidente Biden y el presidente López Obrador, los Estados Unidos y México están actuando para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de productos químicos legales utilizados para fabricar drogas, incluso a través de intercambios de científicos forenses", detalló el secretario de Estado, quien detalló que en el último año se lograron incautar de manera conjunta más de 1.300 millones de píldoras de fentanilo.

Hay mucho en juego: innumerables vidas que aún se pueden salvar. Niños que todavía pueden crecer con sus padres. Comunidades que pueden permanecer completas.

"Bajo el presidente Biden y el presidente López Obrador, los Estados Unidos y México están actuando para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de productos químicos legales utilizados para fabricar drogas, incluso a través de intercambios de científicos forenses", detalló el secretario de Estado, quien detalló que en el último año se lograron incautar de manera conjunta más de 1.300 millones de píldoras de fentanilo.

El mensaje de Blinken pareció rebajar las tensiones generadas durante las últimas semanas a partir de diversos proyectos de ley y declaraciones de figuras del Partido Republicano que exigieron declarar a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas" y utilizar al Ejército norteamericano para combatirlos. Esto llevó a varios cruces que incluyeron al presidente López Obrador, quien reiteró sur rechazo en varias oportunidades al asegurar que "México no es colonia".

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El propio Blinken elevó las alertas en el Palacio Nacional, luego de que admitiera, ante el Senado de su país, que su administración "consideraría" declarar a las organizaciones narcotraficantes como "terroristas" y que estos mismos grupos controlan ciertas porciones del territorio mexicano. Esto valió la réplica de López Obrador, quien desmintió los dichos de uno de los hombres de mayor confianza de Biden.

A raíz de esto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó el mensaje de este miércoles por parte de su homólogo norteamericano y aseguró: "Tenemos en alta estima el Entendimiento Bicentenario y trabajamos en conjunto contra fentanilo y armas. Juntos haremos más y mejor por la seguridad compartida de nuestros pueblos".

Durante su discurso, el secretario norteamericano detalló que ambos países están "mejorando los sistemas de alerta temprana para rastrear las drogas antes de que se propaguen" y trabajando para "prevenir y tratar la adición, promover la salud pública y construir comunidades más seguras". "Hay mucho en juego: innumerables vidas que aún se pueden salvar. Niños que todavía pueden crecer con sus padres. Comunidades que pueden permanecer completas", completó.

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Sus dichos se dan en momentos en los que crecen las tensiones bilaterales, pero por otro aspecto: el energético. Como reveló la agencia Reuters, la Representante Comercial Katherine Tai impulsa un panel de controversia contra México por su política energética a raíz del predominio de la CFE en el mercado eléctrico.

Como detalló esta redacción, en las últimas horas se sumaron a esta avanzada de Washington la secretaria de Energía norteamericana, Jennifer Granholm, quien también promueve las acciones legales que, en caso de ser desfavorables para México, le podrían costar 30 mil millones de dólares al Palacio Nacional.