A menos de una semana de la elección presidencial en Colombia, los principales candidatos operan bajo la incertidumbre de si habrá o no una segunda vuelta electoral. Mientras diversas encuestas, le asignan un amplio liderazgo al candidato del oficialismo, el senador Iván Cepeda, otras describen un panorama más cerrado y de pronóstico reservado.

En ese tablero despliega su campaña Claudia López, exalcaldesa de Bogotá - la primera mujer en ocupar ese cargo-, exsenadora y excandidata a la vicepresidencia en 2018. Actualmente, es candidata a la presidencia por un movimiento ciudadano que la postuló a una primaria de centro en la cual alcanzó más de 500.000 votos.

En conversación con LPO, López analiza el escenario electoral y explica los principales ejes de su campaña así como también sus propuestas para las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Venezuela.

Ante un escenario electoral tan polarizado, ¿cuál es su estrategia para crecer desde una opción centrista?

Soy centro progresista, socialdemócrata. Creo en las reformas sociales, en la igualdad de oportunidades y en un Estado que funcione, pero también creo en la empresa privada y en la alianza entre el Estado y el mercado como motor del desarrollo. He buscado siempre ampliar la representación democrática y garantizar que la izquierda en Colombia tenga voz y espacio político, pero mi apuesta va más allá: creo en el trabajo y la productividad, no en el subsidio y el clientelismo. Mi estrategia es representar a las mayorías que están hartas de la corrupción, que quieren seguridad como derecho y que saben que Colombia necesita cambios reales, sin caos y sin improvisación. Ese espacio no lo ocupa ni el petrismo ni el uribismo, y ahí es donde estamos creciendo.

¿Cuáles entiende que son actualmente los problemas principales del país?

Tenemos tres crisis simultáneas que se refuerzan entre sí. El crimen organizado se expandió mientras el Gobierno negociaba con criminales y les daba estatus político: hoy hay más territorios bajo control de mafias que hace cuatro años. Las finanzas públicas están al límite, con una deuda histórica y el gasto que creció sin control. Y el sistema de salud está paralizado financieramente, dejando a los colombianos sin medicamentos y sin atención oportuna. Detrás de todo eso hay un problema estructural que no hemos resuelto: el centralismo y la corrupción que mantienen a las regiones en el abandono. Esos son los problemas que hay que atacar desde el primer día.

Ante este panorama que usted describe, ¿le sorprende el liderazgo del Pacto Histórico en las encuestas?

No me sorprende. Colombia quiere seguir con el cambio, eso es legítimo y yo lo entiendo. Pero hay una diferencia importante: el cambio que el país necesita no puede venir con corrupción, con una paz total que fortaleció a los criminales y con un gobierno que usó los recursos públicos para hacer campaña.

¿Y usted cómo se diferencia frente al actual oficialismo?

Yo represento esa misma voluntad de cambio, desde el centro progresista, con experiencia de gobierno probada, cero escándalos de corrupción y propuestas concretas. El país quiere transformación, y nosotros la ofrecemos.

¿Qué opinión tiene de la actual gestión en Bogotá?

Hay un legado que yo dejé y que la ciudad está aprovechando: las Manzanas del Cuidado siguen funcionando, el Metro avanza y buena parte de las apuestas sociales que construimos se mantienen. Eso es valioso y hay que reconocerlo. Pero hay frentes donde la administración actual está quedando corta. En seguridad, la violencia está desbordada y los bogotanos lo sienten en su vida cotidiana. En movilidad, proyectos como el Regiotram del Norte y del Occidente estaban listos para avanzar y no han recibido la importancia que merecen; y el corredor verde de la Séptima, que sigue generando incertidumbre. Bogotá tiene la capacidad para hacer más, y en esos frentes la administración no se está jugando con la urgencia que la ciudad necesita.

De ganar la presidencia, ¿cuáles serían sus principales políticas en materia de seguridad?

Mi política de seguridad parte de una premisa clara: el crimen organizado transnacional se enfrenta con justicia, no con negociación política. Para eso reorganizamos la justicia en tres niveles: una Fiscalía Antimafia implacable que se ocupe exclusivamente de someter a las grandes estructuras del narcotráfico y la corrupción, con máximas sanciones y mínimas garantías; una justicia ordinaria fortalecida para enfrentar la delincuencia común y acabar con la reincidencia que hoy no tiene consecuencias reales; y una justicia restaurativa coordinada con alcaldías para resolver conflictos de convivencia y evitar que los jóvenes escalen hacia el crimen organizado.

A esto se suma la transformación del INPEC en una gendarmería carcelaria profesionalizada, para que las cárceles realmente aíslen a los criminales y dejen de ser centros de operación del delito. La impunidad tiene un costo enorme para la sociedad, y en mi gobierno cada delito tiene consecuencias reales.

¿Cómo analiza la relación actual con el gobierno de Estados Unidos?

La relación de este gobierno con Estados Unidos ha sido tensa e improvisada, y esa no es la forma de manejar al principal aliado estratégico de Colombia. Mi gobierno retomará esa relación con responsabilidad y pragmatismo. Estados Unidos seguirá siendo nuestro socio en materia de inversión, comercio y cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

¿Y la relación con Venezuela?

La agenda más importante de los próximos cuatro años pasa por Venezuela: implementar un Plan Colombia-Venezuela de desarrollo con energía, infraestructura, logística e inversión productiva que transforme la frontera y la Cuenca Caribe en un corredor de desarrollo, con Estados Unidos como socio de inversión y cooperación técnica. El corazón del plan está en generar empleo de calidad en los dos países como alternativa a las economías ilegales que hoy operan en ambos lados de la frontera. Colombia también acompañará los esfuerzos por devolver la libertad y la democracia a Venezuela.