El plan de Donald Trump para deportar a alrededor de 11 millones de personas migrantes en situación irregular se complica: no solo por los altos recursos que requiere, sino porque, de concretarse, implicaría un golpe para la economía, riesgo que llevó al "zar de la frontera", Tom Homan, a mesurar el discurso. 

Trump aseguró que el día 1 de su regreso a la Casa Blanca "será un dictador", ante las medidas que planea hacer, entre ellas, la deportación de millones de inmigrantes. Sin embargo, Homman ya dio indicios que no será tan estricto como plantea el republicano: empezarían por deportar con aquellas personas con antecedentes penales y a quienes se les venció la visa. Un contrasentido porque estos últimos estarían en peor situación que aquellos que están en la completa ilegalidad, sin ningún papel.

De acuerdo con cálculos del José María Ramos, especialista del Colef, en esta situación están alrededor de 1.5 millones de personas migrantes. Aunque tampoco es muy claro cómo podría ser la estrategia en este caso ya que de igual manera requieren recursos para instalaciones. Aunque esta población impactaría menos en la economía.

Lo cierto es que la medida original rebasa las posibilidades del próximo gobierno. El Consejo Estadounidense de Inmigración han calculado costos entre 150 mil y 350 mil millones de dólares para el gobierno, el número preciso dependería de los pormenores de la estrategia.

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Pero sumado a ello, también hay costos para la economía que implica riesgos inflacionarios y menos recaudación, lo que pone de manifiesto la importancia de la mano de obra de la población migrante indocumentada para Estados Unidos, coinciden expertos en diálogo con LPO.

Para 2022, la población migrante indocumentada representaba el 13.7% de la industria de la construcción, en agricultura el 12.7%, en turismo el 7.1%, servicios 6.5%, transporte y almacenamiento 5.5%, manufactura 6.5%, servicios profesionales, con beneficios estimados para el PIB de hasta 6.8%.

Sucede que esta población participa en las principales actividades económicas, como lo es la agricultura, el sector de los servicios y la industria, hacienda parte fundamental de la cadena de producción. 

Para 2022, la población migrante indocumentada representaba el 13.7% de la industria de la construcción, en agricultura el 12.7%, en turismo el 7.1%, servicios 6.5%, transporte y almacenamiento 5.5%, manufactura 6.5%, servicios profesionales, con beneficios estimados para el PIB de hasta 6.8%.

El gobernador de Texas, Greg Abboty y el zar de la frontera, Tom Homan, en un encuentro con guardias fronterizos.

AP

Vale señalar que la mayor parte de estos porcentajes representan a población mexicana. Si bien la inmigración irregular hacia Estados Unidos se ha diversificado en los últimos años, sigue siendo la mexicana la que tiene mayor participación. 

Bajo ese panorama, una deportación masiva, como la que pretende Trump implicaría que Estados Unidos enfrentaría escasez de mano de obra en empleos que usualmente la población estadounidense no toma pues suele implicar los trabajos más desafiantes y en precarias condiciones laborales. Por eso, los empresarios de esos ectoresmiran con preocupación la materialización de estas medidas. 

Y es que el emplear a personas estadounidenses para este tipo de trabajos como jornaleros, en el sector agrícola; de call center, en el sector de servicios; o en la industria de la carne; implicaría encarecer costos laborales, pues se prevé que exigirían derechos laborales y mejores condiciones. 

"Se encarece fuerza de trabajo y a su vez, eso se traslada al consumidor, pues habría aumento de precios de productos como alimentos tanto consumo interno como exportación, lo que implicaría impactos inflacionarios", explicó Patricia Pozos, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 

Si contratan a estadounidenses se encarece fuerza de trabajo y a su vez, eso se traslada al consumidor, pues habría aumento de precios de productos como alimentos tanto consumo interno como exportación, lo que implicaría impactos inflacionarios.

Destacó también Pozo otros impactos, como por ejemplo, que podría bajar la participación de mujeres profesionistas, en sectores de cuidados tanto del hogar como de adultos mayores, donde es muy importante la presencia de migrantes indocumentadas.

Ramos pone además el acento en el impacto fiscal, pues, contrario al mito que suele reproducirse en los discursos antimigrantes, esta población sí aporta en pago de impuestos desde su consumo hasta en sus cheques, pues para recibir su pago requieren un número social, aunque no sea el suyo.