Son momentos de tensión para la industria aérea, que aumenta su lobby para evitar que se incluya el cabotaje en la Ley de Aviación aérea que estará por discutirse en las próximas semanas, lo cual, consideran, será perjudicial en términos de la búsqueda de que la autoridad aérea mexicana recupere la categoría 1, otra de las grandes preocupaciones actuales del sector.

En ese sentido, representantes de la industria aérea se reunieron este lunes para plantear propuestas y demandas que piden que legisladores contemplen en el eventual análisis de esta ley que afecta a la industria y que podría incorporar la política de cielos abiertos, con la cual, acusan, la industria estadounidense podría tomar control de la mexicana.

Fueron cuatro los puntos principales sobre la mesa: crear un plan maestro de desarrollo de la industria, fortalecer la Agencia Federal de Aviación Civil, salir categoría 2 y eliminar cabotaje. Todas ellas directamente interconectadas y que, aseguran, podría impulsar la industria y significar entre el 5 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

"El cabotaje puede condenar a muerte a la aviación mexicana"

En ese sentido, los representantes desde la APSA, el Colegio de Pilotos y el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica criticaron que los cambios a la Ley de Aviación se estén haciendo "al vapor" y sin la participación de la industria, que "lejos de ayudar al sector lo está perjudicando".

Vale recordar que la iniciativa contempla alrededor de 380 modificaciones, de las cuales 102 tienen que ver con la recuperación de la Categoría 1. En ese sentido, señalaron que en 2021 ya se habían hecho modificaciones y resultaron insuficientes para mantener la categoría. "¿Qué nos garantiza que esta vez sí funcionarán?", lanzaron.

En términos de lo que implicaría el cabotaje, Ángel Domínguez Catzín, del Colegio de Pilotos y José Humberto Gual, secretario general de ASPA, coincidieron en que están de acuerdo en que, si bien están de acuerdo con incrementar la competencia en el sector, el cabotaje no sería la solución, pues implicaría una competencia injusta con aerolíneas que son fuertemente subsidiadas por el gobierno estadounidense.

Gual Ángeles fue enfático en que una problemática que puede ocurrir es que estas empresas busquen también subsidios en el país y en ese sentido, advirtió que de echarse a andar la política de cielos abiertos, "el Estado mexicano tendrá que enfrentar la disyuntiva de rendirse a los chantajes extranjeros o perder la conectividad regional del país". En ese sentido, descartó que esta medida pueda ayudar a reducir el precio de boletos de avión como pretende el gobierno federal.

Sobre este punto, Domínguez Catzin también puso sobre la mesa el tema de la TUA, ya que desde este sector se insiste que este impuesto es el principal responsable de los altos precios de los boletos. Se trata de un impuesto que retienen los aeropuertos y que, aseguró, ni autoridades del sector ni legisladores tienen muy claro cómo se establece, por lo que urgió que se implementen reglas claras en este sentido.

El otro punto, respecto a fortalecer la Agencia Federal de Aviación mediante esta ley aseguró que es indispensable, dotando de mayor presupuesto e incrementar sus competencias. "Ellos son los responsables de velar porque esta industria se desarrolle. Si los fortalecemos de verdad con las competencias necesarias, si los dotamos de presupuesto (...) muy probablemente vamos a recuperar la categoría 1 y viendo más allá en diez años, o el año que entra, seguramente no vamos a tener que estar sentados aquí de cómo recuperar la categoría". En ese sentido, agregó: "No necesitamos extranjeros que nos digan cómo hacerlos porque somos 1.5 millones de trabajadores directos en esta industria". Se trata del mismo monto de trabajadores que advierten se perderían si dejan pasar la propuesta.

Legisladores prometen aplazar el dictamen

En el encuentro asistieron los diputados de Morena Emanuel Reyes Carmona y Alejandra Pani, ambos de la comisión de infraestructura, quienes aseguraron que tomarán en cuenta el diagnóstico del sector y consideraron que es posible tener el respaldo de otras bancadas.

Lo que sí es que señalaron que está pronto por discutirse esta Ley, pero Reyes Carmona garantizó que buscarán que pueda aplazarse lo más que se pueda el dictamen. "Buscaremos llevarlo hacia el límite del tiempo, que es el 30 de abril", explicó a la prensa.

No pueden rebasar más de tres meses; hay que recordar que el diciembre pasado el presidente mandó esta iniciativa, y la idea es que podamos tener el producto en tiempo, pero la propia ley y reglamento de la Cámara de Diputados nos permite ampliar para poder dictaminar", agregó.

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Por ello, los legisladores plantearon una reunión con las comisiones de comercio y competitividad, comunicaciones y transportes e infraestructura -que son las que discutirán el proyecto para codictaminarlo- para plantear las consecuencias de los cambios planteados.

Además, señalaron que, de momento, las comisiones no han podido elaborar un predictamen debido a lo que consideran una "falta de información" del proyecto.