Toledo no menciona quienes fueron los tres funcionarios al frente de la "operación glifosato", pero sabemos que se trata de Alfonso Romo, Víctor Villalobos y Julio Scherer

Las críticas del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, no iniciaron con la polémica más reciente desatada por una filtración en la que se escucha al primero critica las "incongruencias de la 4T".

En diciembre de 2017, cuando López Obrador anunció su inclusión en el futuro gabinete, Toledo escribió un artículo en La Jornada titulado "El día que Monsanto infiltró a Morena", donde criticaba al ex funcionario de Sagarpa por ser un "agente" de grandes corporaciones dedicado a proteger los intereses del agronegocio.

Cuando escribió aquellas líneas, Toledo probablemente no pensaba en entrar al gobierno, pero su alegato en contra del hoy titular de Agricultura --quien llegó al gabinete por recomendación del empresario Alfonso Romo--, es reflejo de una de las tantas disputas que existen en la llamada Cuarta Transformación y de las dos visiones enfrentadas que hay sobre el mundo rural en esta administración.

Esas dos visiones están presentes incluso dentro de la propia Secretaría de Agricultura, donde AMLO nombró a cuadros de visiones contrapuestas: A la cabeza de la SEDER puso a Villalobos, pero inmediatamente debajo a un subsecretario que favorece la pequeña agricultura y la agroecología: el ingeniero agrónomo y ex diputado perredista Víctor Suárez.

Durante todos estos meses la SADER ha estado dividida en torno a dos visiones opuestas, en la lógica de un gobierno de composición donde el sentido progresista y de izquierda libra una permanente batalla. En realidad, el área de Suárez, la subsecretaría de Alimentación y Competitividad, es la que controla el mayor presupuesto y el programa más importante: Producción para el Bienestar (un Procampo reformado), acuerda directamente con el presidente y ha conformado alianzas con otras secretarías para impulsar una agenda progresista.

Villalobos, en cambio, es un secretario relativamente débil, con poca influencia sobre López Obrador, y que ha ganado pocas batallas en términos programáticos. Sin embargo, es parte de eso que en otros textos he llamado "el empresariado 4T": un sector que cabildea a favor de ciertos grupos del sector privado, e incluso de intereses particulares. Aunque ese grupo puede atentar contra la narrativa de separar el poder económico del poder político, cumple con un objetivo estratégico: le sirve al presidente para mantener interlocución con una parte del sector privado y mantener equilibrios.

Fiel a su trayectoria previa y a lo que se esperaba de él, Villalobos ha sido un firme defensor del agronegocio y del uso de agrotóxicos. Según sus detractores, actúa como un subordinado de Alfonso Romo (auque es de los pocos hombres que le quedan en el gobierno); como un operador de los intereses del Consejo Nacional Agropecuario, brazo político de los grandes empresarios agrícolas y ganaderos del país, así como de la agenda impulsada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), una organización de la OEA criticada por responder a los intereses del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y de la cual Villalobos fue director general durante dos periodos consecutivos.

Durante estos meses Villalobos ha firmado más de una decena de convenios con IICA, a través de los cuales se han canalizado hacia esa instancia decenas de millones de pesos (que eventualmente habrá que auditar), con el posible conflicto de interés que esto implica. El secretario incluso se ha visto inmerso en un presunto caso de tráfico de influencias con la organización Semilleros Mexicanos Unidos AC, cuyos directivos fueron beneficiados con la adquisición de semillas híbridas mejoradas a precios inflados.

A contramano de los intereses de Romo y Villalobos, dentro del gobierno se conformó una alianza programática a favor de la salud alimentaria que tuvo entre sus principales promotores a Víctor Suárez en la Sader, a Hugo López Gatell en Salud, a María Elena Álvarez-Buylla en Conacyt, e incluso a algunas organizaciones de la sociedad civil, como El Poder del Consumidor. Eventualmente también incluyó a Toledo, cuando este llegó a Medio Ambiente y le dio mayor impulso.

Esa alianza se dio a la tarea de regular una serie de elementos que conforman un sistema alimentario considerado como nocivo para la salud y la ecología: desde los herbicidas, insecticidas y cultivos transgénicos, hasta la comida chatarra, los refrescos y las bebidas azucaradas. Gran parte de los ataques a Hugo López Gatell -y ahora a Víctor Toledo-, tienen que ver con su actuación a favor de esta agenda.

De allí surgió el grupo que promovió el etiquetado claro que hoy nos rige -y que Alfonso Romo hizo todo por frenar, al punto incluso de hacer pasar por asesores de Presidencia a dos lobistas de los sectores afectados-y de allí emanó también una iniciativa para regular y prohibir gradualmente el glifosato, una sustancia altamente peligrosa que ha sido clasificada por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la OMS como probable carcinógeno en humanos.

Ese grupo logró finalmente convencer al presidente de emitir un decreto para prohibir el uso del glifosato en todas las dependencias del gobierno y transitar hacia su gradual supresión antes de 2024. El presidente decidió también realizar una serie de estudios a través del Conacyt para encontrar la manera de sustituir el uso del plaguicida y prohibir el maíz transgénico en todo el territorio nacional.

Ocurrió entonces eso que el secretario de medio ambiente denominó en un artículo reciente la "operación glifosato", por medio de la cual tres funcionarios del gabinete, respondiendo a los intereses del Consejo Nacional Agropecuario, subieron a la plataforma de Conamer, donde se registran los anteproyectos de decretos luego de cumplir una serie de formalidades, un documento apócrifo en el cual se desacataban las instrucciones del presidente, al no incluir la cuestión del glifosato. El secretario no menciona los nombres de esos funcionarios, pero sabemos que se trata de Alfonso Romo, Víctor Villalobos y Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia.

La actuación de estos tres funcionarios generó una crisis al interior del gobierno por considerar que, en la defensa de intereses inconfesables, habían cruzado una línea de institucionalidad y respeto, no solo a sus colegas sino al propio presidente de la República. La acción llevó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a retirar su firma y calificarlo en privado como una "trampa nefasta", mientras que la Semarnat publicó en su sitio un extrañamiento en el que solicitaba una disculpa pública a la Sader, por haber utilizado, sin su consentimiento, el nombre de su titular, Víctor Manuel Toledo.

El resto de la historia ya lo conocemos. No habían pasado ni 48 horas cuando ya circulaba un ese audio en el que Víctor Toledo hablaba de las "incongruencias de la 4T" y que ha sido utilizado para mostrarlo como un traidor al presidente. Habría que preguntarse quiénes fueron en este caso los traidores. ¿Tendrá consecuencias su desacato?