Con la apertura del expediente CEG/LXIV/OIC/0253/2026 fechado el 4 de julio de 2026, la Contraloría Interna del Congreso de Guerrero inició investigaciones en contra de la hoy diputada federal, Yoloczin Domínguez Serna, por presuntos pagos excedentes detectados durante su gestión como presidenta de la Jucopo en 2023. Se abren así un par de capítulos inconclusos con cheques sin fondos y cobros apócrifos que involucran a diputados locales.

El historial reciente del Congreso del Estado de Guerrero se encuentra salpicado por dos expedientes financieros relacionados con la falta de reservas presupuestales y el cobro apócrifo de cheques bancarios emitidos en 2026, los cuales involucran a exfuncionarios y salpican a diversos legisladores.

De acuerdo con las actuaciones administrativas y las carpetas de investigación correspondientes, la revisión de cada caso obedece a periodos, mecanismos y gestiones marcadamente diferenciados dentro del Poder Legislativo local.

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Por un lado, se encuentra el hueco presupuestal heredado del ejercicio 2023 que derivó en la falta de fondos para liquidaciones laborales en 2024; y por otro, el escándalo detectado en este 2026 por el cobro apócrifo de una remesa de más de 40 cheques bancarios a nombre de legisladores.

El primer conflicto financiero estalló tras los señalamientos por el ejercicio presupuestal de 2023, periodo en el que la diputada Yoloczin Domínguez Serna presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 8 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Fue durante este último año en el que el Congreso del Estado ejerció un presupuesto de 750.3 millones de pesos.

Las denuncias parlamentarias y las observaciones del Órgano Interno de Control (OIC) confirmaron que durante 2023 no se hicieron las reservas financieras necesarias para cubrir las liquidaciones y compromisos laborales previstos para 2024.

La Contraloría Interna del Congreso de Guerrero inició investigaciones en contra de la hoy diputada federal, Yoloczin Domínguez Serna, por presuntos pagos excedentes detectados durante su gestión como presidenta de la Jucopo

Del 6 de enero al 31 de agosto de 2024, la diputada Citlali Calixto Jiménez asumió la presidencia de la Jucopo para cerrar la LXIII Legislatura.

Las auditorías al periodo concluyeron que el déficit de liquidez que enfrentó la Cámara al momento de pagar a la clase trabajadora obedeció a la falta de previsiones presupuestales del ejercicio anterior (2023), desmarcando la gestión de Calixto Jiménez de la generación de dicho boquete financiero.

Con el objetivo de solventar la situación, la Secretaría de Finanzas del Congreso solicitó formalmente apoyo financiero por "contingencia económica" a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

La respuesta oficial del Ejecutivo estatal notificó la imposibilidad de otorgarlo, debido a la falta de recursos disponibles en el estado, y no por tratarse de un concepto improcedente o destinado a los legisladores, como mediáticamente se intentó posicionar.

A pesar de las restricciones financieras heredadas, durante la gestión de Calixto Jiménez en 2024 se avanzó con el pago de liquidaciones a un grupo de trabajadores. Este esfuerzo continuó en la siguiente administración, logrando cubrir la mayoría de los compromisos al punto de que, del total de personas a quienes se les generaron cheques, solo resta por liquidar a diez trabajadores, quienes aún esperan que Badillo Escamilla continúe saldando la deuda que tiene el Congreso con ellos.

El 5 de noviembre de 2025, el diputado local Joaquín "Jacko" Badillo Escamilla denunció públicamente irregularidades y un presunto desfalco en el ejercicio 2023 de Yoloczin Domínguez, derivado de la falta de transparencia en la aplicación de más de 700 millones de pesos y la omitida reserva de recursos para liquidaciones. Domínguez desestimó las acusaciones señalando "fuego amigo" y sosteniendo que sus cuentas públicas fueron avaladas por la ASE y la ASF.

El diputado local Joaquín "Jacko" Badillo denunció públicamente irregularidades y un presunto desfalco en el ejercicio 2023 de Yoloczin Domínguez, derivado de la falta de transparencia en la aplicación de más de $700 millones.

Días después de la denuncia, el Congreso del Estado exigió formalmente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la aplicación de una Auditoría Forense al ejercicio fiscal 2023; sin embargo, el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta Hidalgo, no ejecutó la revisión, manteniendo el caso sin aclaraciones sobre los recursos asignados.

A septiembre del 2026, el Órgano Interno de Control busca esclarecer el destino y la justificación jurídica de diversos recursos extraordinarios asignados a la LXIII Legislatura que rebasaron los topes financieros autorizados de forma mensual, por lo que a través de el requerimiento CEG/LXIV/OIC/0253/2026 con fecha del 4 de julio de 2026, el titular de la Contraloría del Poder Legislativo, Ernesto Díaz Márquez, notificó formalmente a la legisladora federal Domínguez Serna para que rinda cuentas sobre estas anomalías financieras.

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Para la nueva etapa legislativa que comprende del 17 de septiembre de 2024 al 9 de junio de 2026, Jesús Urióstegui asumió la presidencia de la Jucopo. Es precisamente durante este periodo, en 2026, cuando sale a la luz un segundo expediente de corrupción en la Secretaría de Servicios Financieros del Congreso.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la emisión y cobro indebido de un paquete de aproximadamente 40 a 50 cheques bancarios librados entre enero y junio de 2026.

Los títulos de crédito fueron emitidos utilizando firmas apócrifas y endosos falsificados a nombre de al menos 21 diputados locales para sustraer dinero público.

Dentro de las investigaciones en curso contra exfuncionarios del área financiera por uso indebido de atribuciones y falsificación de documentos, destaca la denuncia e investigación sobre Héctor Avilés, diputado suplente del propio Jesús Urióstegui, señalado por su presunta participación en la generación y falsificación de las firmas en dichos cheques.

Ambos casos obedecen a dinámicas distintas y no están relacionados entre sí. Sin embargo, las miradas políticas se centran en los periodos de gestión de Yoloczin Domínguez Serna y Jesús Urióstegui, momentos en los que se gestaron y detectaron los principales escándalos financieros que hoy mantienen bajo la lupa al Congreso del Estado de Guerrero.